Un tribunal de los Países Bajos ha ordenado al gobierno garantizar que, para el 31 de diciembre de 2030, al menos el 50 % de las áreas naturales protegidas del país no estén amenazadas por emisiones de nitrógeno procedentes de la agricultura, la construcción y otras actividades.

El tribunal del Distrito de La Haya criticó duramente la falta de políticas claras por parte del gobierno actual, liderado por el primer ministro Dick Schoof, para cumplir con los objetivos legales de reducción de nitrógeno. Según el juez Jerzy Luiten, no existe una estrategia que permita prever con certeza científica que se alcanzarán las metas para 2030. El fallo impone una multa de 10 M€ si no se cumple con los requisitos.

Este fallo resulta de una demanda interpuesta por Greenpeace, que denunció la falta de medidas efectivas para cumplir con los objetivos legales en materia de protección ambiental. Sin embargo, no todas las peticiones de la organización fueron aceptadas. Por ejemplo, el tribunal rechazó la imposición de un objetivo intermedio que exigiera reducir el 75 % del nitrógeno en las áreas más vulnerables para 2025, al considerar que este límite era excesivamente restrictivo.

Greenpeace celebra el fallo, los agricultores expresan su preocupación

Greenpeace ha calificado el fallo como un paso decisivo para la sostenibilidad. La organización subraya que no solo protege el medio ambiente, sino que también aporta claridad y planificación a los agricultores, que hasta ahora han enfrentado incertidumbre debido a la falta de apoyo estatal. Además, Greenpeace ha destacado que este fallo obliga al gobierno a tomar medidas concretas para garantizar una agricultura más sostenible.

Por su parte, el sector agrícola ha reaccionado con inquietud. Países Bajos, uno de los mayores exportadores agrícolas del mundo, enfrenta un dilema entre proteger su entorno natural y mantener su capacidad productiva. La ganadería intensiva, señalada como la principal fuente de emisiones de amoníaco, está en el centro de las regulaciones propuestas. Muchos ganaderos temen que las nuevas medidas, como la compra forzosa de explotaciones, pongan en peligro su sustento.

El Ministerio de Agricultura ha manifestado su oposición a las expropiaciones forzosas y ha instado a buscar soluciones más equilibradas. No obstante, algunas organizaciones agrarias, como la LTO, han pedido al gobierno que apele el fallo, argumentando que las medidas exigidas tendrán un impacto devastador en el sector agrario, en el de la construcción y en la economía en general.

Medidas a futuro

En respuesta a la sentencia, el primer ministro Schoof anunció la creación de un comité ministerial para diseñar políticas que permitan cumplir con los objetivos legales de reducción de emisiones. Aunque el gobierno tiene la opción de apelar, el fallo refuerza la presión para implementar medidas inmediatas y efectivas.

Entre las acciones posibles, se contempla priorizar la protección de áreas como la Veluwe, una de las zonas más vulnerables del país incluidas en la red Natura 2000. La Unión Europea exige a sus Estados miembros tomar medidas estrictas para proteger estas áreas de biodiversidad frente a los impactos de las emisiones.