Desde 2006 hasta hoy, el número de explotaciones de vacas nodrizas en Castilla y León pasó desde 10.301 a 8.827 registradas el año pasado, según datos recabados por COAG Castilla y León de diversos estudios realizados en el periodo. A escala nacional, la tendencia es muy parecida, en tanto que se detecta una pérdida de granjas desde 2006, de 21.946 explotaciones de vaca nodriza. En el caso del ovino, el registro sería de 6.132 explotaciones menos.

Para COAG Castilla y León, el fenómeno se produce por la presión ejercida, por un lado, desde la Administración pública que carece de empatía con el ganadero tradicional, al que exige una gestión “hiperburocratizada”; por otro, por un mercado sin miramientos que impone una competitividad salvaje para obtener rendimientos. 

Sin embargo, paradójicamente, en los dos áreas analizadas, Castilla y León y España, el número de cabezas de ganado crece considerablemente, lo cual explica una concentración de la producción ganadera que expulsa del mercado a las granjas tradicionales y familiares carentes de músculo financiero para afrontar las exigencias del mercado. En el caso de Castilla y León, el número de animales bovinos creció en 103.000 en el periodo analizado, y en el caso de España, al aumento de cabezas de ganado vacuno fue de un 32 por ciento del total de la cabaña.

Los datos revelan una amenaza para la existencia de la ganadería tradicional y familiar, que tan beneficiosa es para el medio ambiente. No en vano, la producción de vacuno en régimen extensivo ahorra recursos energéticos, preserva el medio ambiente, respeta el bienestar animal y previene incendios forestales. Estas granjas de toda la vida caminan hacia un debilitamiento que las convierte en presa fácil de los fondos de inversión, señalan desde COAG CyL.

Los responsables de los sectores ganaderos de COAG presentes en Toledo, entre ellos la zamorana Ángeles Santos (ovino) y el salmantino José Manuel Cortés (vacuno de carne), han reivindicado las siguientes medidas en materia de rentabilidad, mercados y sanidad animal, en el Foro de Diálogo de la Ganadería Extensiva celebrado la semana pasada en Toledo:

• Las particulares condiciones de los ganaderos y ganaderas de extensivo de nuestros territorios hacen que la rentabilidad de sus explotaciones se vea amenazada. En particular, la de aquellos que gestionan explotaciones pequeñas y/o medianas, de carácter mayoritariamente familiar. En este sentido, no se puede eludir la cuestión de la reducción de las ayudas de la PAC, que, a día de hoy, son un pilar imprescindible en garantizar la rentabilidad de este modelo de explotación.

• Rechazo a la imposición del Veterinario de explotación y al Plan Integral Sanitario.

• La sanidad animal debe ser compatible con la ganadería extensiva. Es necesario flexibilizar todo lo posible la normativa estatal sin incumplir las exigencias internacionales. También hay que valorar el riesgo de transmisión de determinadas enfermedades a la ganadería extensiva a través de la fauna silvestre y cinegética.

• Se deben recuperar las ayudas a las Asociaciones de Defensa Sanitaria (ADS) como alternativa a los veterinarios de explotación.

• Debe facilitarse la venta de producto desde las ganaderías en régimen extensivo, y no sólo la venta de animales vivos: una mayor flexibilización de determinados requisitos para la producción y distribución de los productos procedentes de ganadería extensiva en circuitos cortos de comercialización ayudaría a mejorar la rentabilidad de las pequeñas y/o medianas explotaciones, de carácter mayoritariamente familiar. Además, se debe recuperar la red de mataderos públicos municipales y poner en marcha una red pública de mataderos móviles, de manera que se favorezca el acceso desde ganaderías de todo el Estado, ayudaría a reducir la dependencia de otros operadores y contribuiría a mejorar la propia comercialización de los productos procedentes de la ganadería extensiva en circuitos cortos.

• Las figuras de calidad (producción ecológica, DOPs o IGPs) por sí solas no son una solución para mejorar la rentabilidad de la ganadería extensiva. Muchos ganaderas/as se ven obligados a vender productos de alta calidad, amparados bajo estas figuras, a precios que no remuneran el esfuerzo invertido en su producción (por insertarse en una cadena de valor desigual que perjudica, sobre todo, a los pequeños y/o medianos ganaderos).

• Es importante que las Comunidades Autónomas y el resto del Estado (a través de AICA), cada una en el ámbito de sus competencias, hagan cumplir la ley de cadena alimentaria: se deben dedicar más recursos económicos y humanos para ello, aumentar las actuaciones de oficio para el control y sanción, y mejorar la coordinación efectiva entre dichas autoridades competentes.

• Solicitamos la suspensión de la inclusión del lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPRE).

• Rechazamos los acuerdos de libre comercio. Estos perjudican muy especialmente a la ganadería extensiva al favorecer la entrada en el mercado de productos de origen animal a unos precios que rompen el mercado y contribuyen a la destrucción de tejido productivo., caso del acuerdo UE con Mercosur que se está negociando o Nueva Zelanda, en el caso del cordero.

• Actualmente no existen políticas públicas que favorezcan el relevo generacional: no existen medidas de acceso y acompañamiento en el sector (programas de acogida, de rentabilidad, de formación, de acceso a la tierra y la protección del suelo agrario que impida el acaparamiento de tierras por fondos de inversión). Para garantizar el relevo generacional hay que garantizar las condiciones de vida en los pueblos (acceso a la vivienda, a la tierra, a la sanidad pública) y evitar el aterrizaje de grandes infraestructuras y fondos de inversión.

• Volver a las antiguas tablas de conversión de UGM de la PAC (enfoque territorial). Las actuales conversiones fomentan la intensificación en el sector. Por ejemplo, en ovino-caprino el valor de una cabeza (oveja / cabra) valía 0,15 y ahora se sitúa en 0,10. De esta manera, hay que incrementar un 33% la cabaña para mantener el mismo importe de ayuda PAC.