La Junta de Castilla y León y las Organizaciones Profesionales Agrarias van a remitir una carta conjunta a la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la que solicitan “la inmediata derogación de la Orden TED/980/2021, de 20 de septiembre y la recuperación de la gestión del lobo al norte del rio Duero que regía hasta la misma”.

Se trata de una orden que, además, impide de facto la aplicación de medidas de gestión de la especie que, de forma extraordinaria, se venían pudiendo acometer al sur del Duero en el que ya regía un régimen de estricta protección por decisión de la Directiva Hábitats.

En segundo lugar, se solicita al Gobierno de España “que avance e impulse en el marco de la Unión Europea y de su representación en el Convenio de Berna, la modificación del estatus de protección del lobo previsto en la Directiva Hábitats 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, incorporando todas sus poblaciones de forma efectiva en el anexo V, siguiendo las directrices marcadas por la Comisión Europea, de modo que no sólo recuperemos ya la gestión del lobo al norte del Duero sino que se extienda desde ese momento la capacidad de gestión al sur del Duero», algo que siempre se ha defendido por la Junta y por el sector ganadero.

En esta misiva también se pone de manifiesto que las medidas financiadas con la colaboración del Gobierno de España para la correcta compensación de los daños al ganado y para la implementación de medidas preventivas, son acertadas y tienen el apoyo del Gobierno de Castilla y León y de las Organizaciones Profesionales Agrarias. Sin embargo, no son suficientes, pues el número de ataques sigue creciendo y es necesario afrontar la gestión del lobo con una mayor flexibilidad, que es urgente acometer en el sentido anteriormente reseñado.

Para finalizar, el consejero de Medio Ambiente, y los representantes de las OPAS, solicitan “encarecidamente” al Gobierno de España “que recupere la senda del diálogo para flexibilizar la gestión del lobo asegurando, en todo momento, el mantenimiento de la especie en un estado de conservación favorable y la supervivencia del sector ganadero de extensivo»; un diálogo y consenso perdido en el año 2021 cuando se dictó la Orden Ministerial, y un diálogo y consenso Gobierno-comunidades, que había presidido, hasta ese momento, cualquier decisión que se adoptase sobre las especies silvestres.