Las comunidades autónomas de Cantabria, Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Madrid, Valencia, Murcia, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han enviado a la Comisión Europea un documento conjunto en el que piden recuperar las competencias necesarias para logra un control ordenado de la coexistencia del lobo y el mundo rural y muestran su preocupación por la alarmante situación que vive el sector primario «con menos ayudas, más impuestos y más costes de producción».

Los representantes autonómicos se han reunido en La Rioja para abordar las medidas relativas al mundo rural y estudiar la flexibilización de la protección de lobo, tal y como plantea la Comisión Europea.

La creciente expansión de lobo de los últimos años, tanto en número de ejemplares como en extensión, se ha convertido en un verdadero peligro para el ganado y potencialmente también para los seres humanos. Muestra de ello es que más de 3.000 reses han fallecido en España por ataques de lobo desde que esta especie fui incluida en el LESPRE por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD). Además, la especie ha incrementado su población hasta las 71 manadas actuales y el año pasado, en 2022, murieron 40 reses al día por ataques del lobo.

Las CCAA reunidas en La Rioja creen que es posible conseguir un equilibrio entre la ganadería y la fauna silvestre porque ya se hacía antes de que el Ministerio para la Transición Ecológica decidiera, sin contar con las comunidades autónomas, incluir al lobo en el LESPRE para dotarle de una especial protección que no necesita.