Los consejeros de Medio Ambiente de Castilla y León y Galicia mantendrán este mes una reunión en Bruselas con parlamentarios europeos con el fin de informar sobre el impacto negativo que están teniendo para el medio rural, la biodiversidad, el sector primario y, particularmente, la ganadería extensiva las políticas del Gobierno de España.

Es el caso de los daños que provocan los ataques del lobo a la ganadería, agravado por la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), o la aprobación de la Estrategia para la Conservación y Gestión del Lobo; o el hecho de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no haya transferido los más de 13 millones de euros comprometidos a Galicia y Castilla y León para compensar a los ganaderos por los daños y para medidas preventivas, negativa basada en “motivos políticos”.

Cabe recordar que, tras la aprobación en septiembre de 2021 de la orden ministerial por la que se incluía al lobo en LESPRE, ambos Gobiernos autonómicos decidieron recurrir la decisión ante la Audiencia Nacional.

El Gobierno central decidió dejar fuera del reparto de los 20 millones de euros reservados este año al lobo a aquellas autonomías que, como Castilla y León y Galicia, no suscribieron la nueva Estrategia Nacional para la conservación y gestión de la especie, la cual fue aprobada en la Conferencia Sectorial del pasado mes de julio, a pesar del voto en contra de las principales comunidades loberas —Galicia, Castilla y León o Cantabria, que concentran entre las tres el 93 % de los ejemplares de todo el país—. Castilla y León y Galicia no votaron a favor de la Estrategia, pues parte de considerar que el lobo está en regresión en España, lo que no es cierto, y por los defectos previos de falta de evaluación de la estrategia anterior y falta de un censo del lobo, aspectos que de ningún modo se pueden aceptar.

Por el contrario, estas comunidades sí votaron a favor de la propuesta de reparto territorial de los 20 millones de euros, de los que Galicia recibiría 4,3 millones y Castilla y León, un total de 8,8 millones de euros. Es decir, entre las dos comunidades, 13,1 millones de euros (el 65 % del total).

Un mes después, sin embargo, y en contra de lo acordado en el marco de la Conferencia Sectorial, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) comunicó su decisión unilateral de vincular el acceso a estos fondos a la suscripción previa de la referida Estrategia.

Esta decisión del Gobierno central sobre la transferencia de fondos para el lobo «obedece a motivos políticos» y carece de «fundamento jurídico» al tiempo que «discrimina y perjudica a los ganaderos» de Galicia, Castilla y León y otros territorios que no apoyaron la Estrategia, señalan desde de la Junta de Castilla y León. Por estos motivos, la Junta de Castilla y León ha formalizado una reclamación previa a la vía judicial, instando al Gobierno de España para que transfiera las partidas presupuestarias aprobadas.