El Tribunal Supremo ha atendido la reclamación de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía y ha acordado la suspensión cautelar del acuerdo de Consejo de Ministros del pasado 17 de febrero, por el que se exigía a Andalucía el pago de 63,7 millones de euros correspondientes a la sanción europea en relación con las ayudas en zonas de pastos. Desde la Junta se había advertido en numerosas ocasiones del «perjuicio económico» que provocaría la decisión del Gobierno central de derivar a las comunidades autónomas (junto a Andalucía hay otras diez perjudicadas por esta situación) la sanción de 262,8 millones de euros que la Comisión Europea le impuso al Ejecutivo central por el aprovechamiento de los pastos.

La sanción de Bruselas responde a que según las instituciones europeas el Gobierno traspasó a la normativa estatal, de forma tardía e inadecuada, el coeficiente reductor que determina las superficies admisibles de pastos excluyendo terrenos no productivos como los ocupados por arbolado o matorral denso. Con el acuerdo del 17 de febrero, el Ejecutivo central endosó a las comunidades la responsabilidad por este defecto, referido a las campañas entre 2009 y 2013.

La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, se ha felicitado por el respaldo a la postura de Andalucía por parte del Tribunal Supremo, ante el que se presentó un recurso después de que el Gobierno central “no tuviera en cuenta” la reclamación que previamente se hizo por vía administrativa. Ortiz recuerda en este sentido que las comunidades autónomas “simplemente hemos aplicado una normativa básica de carácter estatal” siguiendo los criterios fijados por el propio Ejecutivo central, de ahí que considere “injusto” que al final se pretenda derivar la multa a Andalucía y otras diez regiones. “Esperamos que, al igual que ahora se ha suspendido cautelarmente esa decisión del Gobierno central que nosotros considerábamos injusta, al final los tribunales nos den la razón y no tengamos que pagar una multa que sería un grave perjuicio para los intereses de Andalucía y, muy especialmente, de los más de 250.000 agricultores y ganaderos que perciben ayudas de la política agrícola común”.

La Consejería, con el respaldo unánime de las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, solicitó la suspensión cautelar de esta medida debido a las graves consecuencias que el desembolso exigido supondría para los intereses económicos y sociales de Andalucía y especialmente del medio rural. La ejecución del citado acuerdo conllevaría, por ejemplo, el bloqueo de los fondos Feaga, incidiendo en los presupuestos para el ejercicio 2017, siendo imposible disponer de financiación para el pago de las ayudas a los agricultores y ganaderos durante este año. Asimismo, haría prácticamente imposible que se pudiera cumplir el calendario de los plazos de pagos previstos en la normativa comunitaria, retraso que podría ser sancionado con 113.205 euros.

En cuanto a consecuencias directas para el sector agrario andaluz, la ejecución de lo acordado por el Gobierno central supondría la imposibilidad de hacer frente a pagos por importe de 1.463 millones de euros a más de 250.000 agricultores y ganaderos. Estas ayudas tienen como finalidad apoyar la renta de los titulares de explotaciones agrarias y ganaderas, contribuyendo a la sostenibilidad económica de las mismas y suponen el 20% de su Renta Agraria.

La Abogacía del Estado, por su parte, no se ha opuesto a la suspensión cautelar del desembolso instada por Andalucía y ha interpuesto, además, una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la decisión de la Comisión Europea de la que derivan los pagos por considerarla desproporcionada y no ajustada a derecho, según consta en su escrito de alegaciones.