La Asociación de la Mesa Nacional del Ajo de España y la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Ajo, que agrupan a la totalidad de la producción y comercio español, y a su vez al 60% del sector del ajo europeo, han enviado una carta conjunta a los responsables de la Comisión Europea que están debatiendo la modificación y “simplificación” de las políticas comunitarias en materia de importación de productos agrarios.

Una simplificación en estos controles propiciaría prácticas irregulares, perjudicaría al presupuesto comunitario y provocaría la entrada de una mayor cantidad de producto induciendo al desequilibrio del mercado de ajo en la UE, un sector muy sensible a cualquier incremento de la oferta.

Además, según sendas organizaciones, si se suprime el actual sistema de certificados B para el ajo, “podríamos volver a caer en un aumento del fraude, asunto constatado en repetidos ejercicios por la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF), que han permitido probar que por parte de importadores y en varios países de la UE se estaba introduciendo ajo fresco o refrigerado a través de otras partidas arancelarias, saltándose así el 9,6% de derecho aduanero ad valorem, más el derecho específico de 1.200 € por tonelada, lo que ha supuesto una cuantiosa cifra de evasión de impuestos a las arcas de la UE y un notable daño a los profesionales europeos del sector”.

Según ambas asociaciones, una modificación como la planteada por la Comisión Europea, requeriría un análisis más pormenorizado del impacto, y no debería ser presentada exclusivamente como si se tratara de un mero ejercicio de “simplificación” administrativa, ya que sus efectos como denuncian ambas organizaciones serían muy perjudiciales para el sector productor y comercializador de ajo europeo y muy concretamente español, que produce el 60% de la UE.

Por todo ello la Mesa Nacional del Ajo y la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Ajo exigen que la Unión Europea no debilite los actuales sistemas de control y registro de entrada del ajo al mercado comunitario y no se supriman de este modo los certificados B, que es lo que actualmente se está planteando.