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La Alianza UPA-COAG pide al nuevo equipo de la Consejería de Agricultura la conclusión del PDR sin que se pierda un euro de cofinanciación europea

27/07/2015

De acuerdo con los datos oficiales, a fecha 31/12/2014 se llevaban ejecutados 695 de los 849 M€ (millones de euros) presupuestados con cargo al FEADER (Fondo europeo de desarrollo rural) dentro del Programa de desarrollo rural de Castilla y León 2007-2013 (PDR-CyL 2007-13), es decir, aproximadamente un 82%.

A falta de datos oficiales detallados, según las estimaciones de la Alianza UPA-COAG, a esta cifra habría que sumarle la cofinanciación vinculada a los acuerdos de las conferencias sectoriales celebradas los pasados meses de febrero y abril y ya aprobados por el Consejo de Ministro en lo que va de 2015 (ver detalle en cuadro adjunto). Nos encontraríamos, por tanto, ante un porcentaje de ejecución aproximado del 89% a falta de poco más de un cinco meses para la conclusión del período 2007-2013 conforme a la regla n+2, que permite la ejecución del programa global hasta la fecha tope del 31/12/2015. Aún no ha sido aprobada por el Consejo de Ministros la distribución de fondos correspondiente al acuerdo de conferencia sectorial de 8 de junio por el que vendrían a Castilla y León otros 6,2 M€.

En términos de gasto público total, según estimaciones de la Alianza UPA-COAG, estaríamos en aproximadamente 1.631 M€ comprometidos frente a los 1.823 M€ presupuestados para todo el septenio del programa. Y quedarían pendientes de ejecutar, por tanto, unos 192 M€ de los cuales 109 M€ corresponderían a fondos FEADER, 40 M€ al MAGRAMA y 43 M€ a la Junta de Castilla y León respectivamente.

Cabe recordar que es requisito imprescindible para que pueda materializarse la llegada de fondos europeos el que se haya efectuado previamente y de forma ineludible la provisión correspondiente a la financiación estatal y autonómica. O lo que es lo mismo, para que la Comunidad Autónoma pueda acceder a los 109 M€ pendientes previamente deben proveerse los 83 M€ vinculados de la cofinanciación nacional.

Hasta la fecha está siendo el MAGRAMA el que, tras la petición de fondos desde la Comunidad Autónoma, está marcando el ritmo de desembolso de dichos fondos.

Considerando que restan tan sólo cinco meses para llegar a la fecha tope de ejecución de todo el período 2007-13 (el 31/12/2015) y que, como se ha dicho, aún queda un 11% pendiente de ejecución, la Alianza UPA-COAG muestra preocupación ante una más que posible pérdida de fondos de gasto público total dado el actual ritmo de ejecución y, muy en especial, ante la gravedad que supondría que pudieran perderse fondos europeos por una insuficiente cofinanciación nacional.

Por otro lado, y si bien es cierto que no todas las medidas contempladas dentro del Plan de Desarrollo Rural llevan un mismo nivel de ejecución, habiendo sobrepasado algunas el 100%, sin embargo, no es menos cierto que no sería admisible que se perdieran fondos porque algunas medidas no llegaran a ejecutarse en tanto que otras han estado demandando financiaciones superiores a las programadas.

Conviene señalar que con motivo de la celebración de las elecciones estatales motivada por el fin de la actual legislatura nacional, presumiblemente todo el proceso burocrático se ralentizará y dificultará.

Por todo ello, desde la Alianza UPA-COAG apelamos a la responsabilidad de los gobiernos estatal y autonómico. Debería ser una prioridad inmediata del nuevo equipo de gobierno de la Consejería de Agricultura evitar que se pierda ni un solo euro de financiación pública, y máxime teniendo en cuenta que más de la mitad de esa financiación correría a cargo de fondos europeos. Y emplazamos a las administraciones Central y Autonómica a dejar completamente finiquitada la programación 2007-13 previamente a la celebración de los comicios electorales nacionales.

Entre las medidas que se financian con fondos de desarrollo rural se encuentran algunas de gran transcendencia para el medio rural de nuestra comunidad autónoma como la instalación de jóvenes, la modernización de explotaciones, las indemnizaciones compensatorias, las medidas agroambientales, el asesoramiento a explotaciones, etc.

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