Un informe publicado ayer por el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) revela que los instrumentos financieros (fondos de préstamo y de garantía) no han logrado hasta la fecha su objetivo en el ámbito del desarrollo rural. Ello se debe principalmente a que estaban sobrecapitalizados y no habían desarrollado todo su potencial en cuanto a los efectos deseados de rotación y palanca. El marco para 2014-2020 puede ofrecer mejoras en estos instrumentos, pero subsisten obstáculos para una mayor utilización.

«En un momento de restricciones fiscales en los presupuestos públicos, es de suma importancia lograr más inversiones con menos dinero. Los instrumentos financieros tienen el potencial de mejorar el uso de los escasos recursos públicos, ya que gracias a ellos es posible financiar más inversiones con el mismo presupuesto, pero nuestros resultados de auditoría sugieren que representará un reto considerable alcanzar el impacto deseado», manifestó Kersti Kaljulaid, el Miembro del TCE responsable del informe.

En el ámbito del desarrollo rural, los Estados miembros establecieron once fondos de garantía y tres fondos de préstamo entre 2009 y 2014, y la UE y los Estados miembros habían invertido alrededor de 700 millones de euros en estos al final de 2013. Para el nuevo período (2014-2020), la Comisión Europea pide a los Estados miembros que se comprometan a potenciar su uso, como mínimo duplicándolo, en los ámbitos principales de inversión.

El Tribunal constata que los argumentos a favor del establecimiento de instrumentos financieros en el período de programación 2007-2013 no estaban claros. Además, no se disponía de información cuantificable fiable para justificar los tipos de instrumentos financieros establecidos, determinar la demanda de instrumentos financieros en el ámbito de la agricultura, y demostrar que el importe de capital asignado al fondo era el apropiado. Ello dio lugar a que los fondos de garantía estuvieran sobrecapitalizados en 370 millones de euros al final de 2013.

Los instrumentos financieros se crearon tanto para atraer a nuevos capitales públicos o privados (efecto de palanca), como para reutilizar la dotación inicial de fondos (factor de rotación). El Tribunal considera que no habían funcionado según lo previsto a este respecto. Además, ni la Comisión ni los Estados miembros habían introducido sistemas de supervisión apropiados para facilitar datos fiables que permitieran determinar si los instrumentos habían alcanzado sus objetivos con eficacia.

Durante el período 2014-2020, se observó que la sobrecapitalización persistente y el riesgo de una continuada dependencia de las subvenciones eran algunos de los posibles obstáculos que seguían presentándose a una mayor utilización de estos instrumentos.

Las principales recomendaciones del TCE a la Comisión y a los Estados miembros consisten en:

– aumentar los incentivos para que los Estados miembros establezcan instrumentos financieros en el ámbito del desarrollo rural y estimular la demanda de los agricultores u otros beneficiarios (por ejemplo al reservar para los instrumentos financieros una parte del presupuesto disponible para el desarrollo rural y al lograr que resulten más atractivos que las subvenciones),

– mejorar la eficacia de los instrumentos financieros durante el período de programación 2014-2020, por ejemplo mediante la fijación de normas y metas apropiadas para los efectos de palanca y de rotación.