WWF y SEO/BirdLife estiman que la denuncia interpuesta por la Comisión Europea al Estado español por los planes de gestión de la Red Natura 2000 demuestra un fracaso en las políticas de conservación de la Naturaleza por parte de España, y muy particularmente por parte de las comunidades autónomas. La denuncia no debe suponer una aprobación masiva de planes de gestión de baja calidad ya que sólo supondría un cumplimiento formal a la normativa europea pero no evitaría que la denuncia prosiguiese por no dar respuesta a las necesidades de la Red Natura 2000.
La semana pasada la Comisión Europea remitió una carta de emplazamiento a España, según ha sido publicado recientemente en prensa, como primer acto formal de un proceso de infracción, por no declarar formalmente los Lugares de Importancia Comunitaria en Zonas Especiales de Conservación y por no adoptar medidas de conservación en estos lugares. La situación es muy grave, ya que más de 1.000 espacios protegidos de la Red Natura 2000 carecen de una declaración efectiva y de un plan de gestión que contenga objetivos y medidas de gestión que aseguren su conservación.
Según Juan Carlos Atienza, Director de Conservación de SEO/BirdLife, “esta situación está llevando a una degradación progresiva de nuestros espacios protegidos, degradación que supondrá un mayor coste económico para lograr que estén en buen estado de conservación” y recuerda que “es mucho más sencillo y barato conservar lo que tenemos que luego recuperar especies y hábitats con costosos programas de recuperación y restauración”.
WWF y SEO/BirdLife están muy preocupadas porque la denuncia determine que las comunidades autónomas aprueben masivamente planes de gestión de los espacios de baja calidad para cumplir formalmente con los plazos establecidos por la Comisión Europea. Según la evaluación, que las dos organizaciones han llevado a cabo, de todos los planes que han sido puestos a información pública hasta el momento, prácticamente ningún borrador incluye objetivos de conservación y medidas de gestión para todas las especies y hábitats a los que están obligados. Por lo tanto, de aprobar estos borradores de planes las comunidades autónomas solo evitarían una denuncia por incumplir los plazos pero no por su contenido.
En la mayoría de los casos tampoco disponen de una memoria económica que asegure que el plan podrá ser aplicado. Para asegurar la eficacia de los planes, las dos ONG evaluarán todos los planes y harán un informe a la Comisión Europea para que pueda usarlo en el presente procedimiento de infracción. Según Luis Suárez, responsable de Biodiversidad de WWF España “el objetivo es que España cuente con documentos de gestión que sean útiles y eficaces para asegurar que nuestros espacios protegidos estén en un buen estado de conservación y cuenten con una financiación suficiente”.
El retraso en la declaración de las Zonas Especiales de Conservación y de la aprobación de los planes de gestión por parte de las comunidades autónomas han supuesto la imposibilidad de aplicar más fondos comunitarios en estas zonas, no sólo para la gestión de los espacios, sino para activar medidas y políticas de desarrollo rural que beneficien a las personas que viven en ellos. Por esta razón es imprescindible que las comunidades autónomas hagan un último esfuerzo para mejorar sus planes y aprobarlos definitivamente.
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