El consejero de Agricultura de La Rioja, Iñigo Nagore, ha recibido con satisfacción el principio de acuerdo sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) alcanzado por el Consejo, el Parlamento y la Comisión de la Unión Europea, que se aplicará durante los próximos siete años. “Creo que mejora sustancialmente la propuesta inicial de la Comisión, que era muy negativa porque no tenía en cuenta las circunstancias productivas de los distintos sectores y explotaciones españolas y riojanas”.

Íñigo Nagore, que ha hecho esta primera valoración antes del inicio de su comparencia ante los miembros de la Comisión de Agricultura del Parlamento de La Rioja para informar precisamente sobre este proceso de negociación, ha elogiado el trabajo realizado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con Miguel Arias Cañete a la cabeza, las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias, para “lograr una cambio de orientación sobre algunas cuestiones que son irrenunciables si queremos garantizar la competitividad y el futuro del sector agrario”.

Y es que en relación con las medidas que afectan al principal sector productivo de La Rioja la buena noticia es que “queda descartada la liberalización absoluta de las plantaciones de viñedo y se establece un nuevo sistema de limitación de la producción basado en autorizaciones hasta el año 2030”, ha señalado el consejero. En este sentido, se establece un periodo transitorio de validez para los derechos de plantación actuales de hasta cinco años.

“Es cierto que hemos peleado mucho y nos habría gustado un mantenimiento del sistema actual hasta 2030, pero no debemos olvidar que el objetivo último es lograr una regulación del potencial productivo con crecimientos, si fuera preciso, ordenados; pero también creemos que con el sistema acordado este objetivo se cumple”, ha reconocido.

Además, la medida de promoción contemplada en la OCM del Vino, que se limitaba hasta ahora a terceros países, se extenderá a los países de la UE, “algo que es también importante para Rioja puesto que este mercado es el principal destino de nuestras exportaciones”, ha añadido.

Por otro lado, Íñigo Nagore ha valorado el hecho de que la medida de convergencia interior haya limitado hasta el 30% la reducción máxima que pueda sufrir un agricultor en las ayudas que percibe. “Es importante que se hayan tenido en cuenta la necesidades de los agricultores rechazando la ‘tarifa plana’ que la Comisión Europea proponía introducir en el 2019 y que suponía igualar todas las ayudas para todos los agricultores de un país o una región, contemplando unos pagos adicionales en función de compromisos adicionales de carácter ambiental”.

Reverdecimiento más flexible

Otro aspecto positivo que recoge el acuerdo final tiene que ver con la flexibilización de las exigencias medioambientales, el denominado reverdecimiento o ‘greening’, que condicionaba en un primer momento la percepción de ayudas por parte de los agricultores; y que “hubiera sido muy perjudicial para los cultivos leñosos (tenemos 65.000 hectáreas en La Rioja), mientras que ahora quedan libres de esta obligación producciones como el olivar, los frutos secos o las frutas y hortalizas”.

Aunque son muchos los aspectos positivos, todavía quedan algunas cuestiones pendientes de debatir como el concepto de agricultor activo. “Nosotros somos partidarios de establecer requisitos de actividad agrícola, para que las ayudas las reciban quienes están ejerciendo algún tipo de actividad agraria”, ha matizado Nagore.

También serán objeto de discusión otros puntos de interés como la definición de las regiones a efectos de la determinación del pago básico y de la convergencia que se plantea; decidir que sectores se beneficiarán de los pagos acoplados, la convivencia de los programas de desarrollo rural y el reparto de fondos; o qué criterios que se establecerán para determinar la superficie elegible con el problema de incluir o dejar fuera del pago básico al viñedo.

El consejero también ha recordado que el acuerdo sobre la nueva PAC es un primer paso que abre un camino de negociación para su puesta en marcha en cada uno de los Estados miembros. Ahora, “el Ministerio y las comunidades autónomas debemos ser capaces de consensuar cual será el modelo de aplicación en España, y también será importante conocer la opinión de las organizaciones agrarias y entidades implicadas en este proceso”.

La Consejería de Agricultura ya ha consensuado con el sector agrario riojano un documento de posición común sobre aquellos aspectos en los que existiría cierto margen de decisión; y también aquellas que consideran más relevantes por su incidencia en La Rioja. Y es que, próximamente, el Ministerio trasladará también a las Comunidades Autónomas un cuestionario para analizar las distintas posibilidades que ofrece la reforma de cara al inicio del debate nacional que permita mejorar la aplicación de la propuesta.