El consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Luis Planas, asistió ayer en Madrid al Consejo Consultivo de Política Agrícola donde demandó una Política Agrícola Común con un modelo de reparto de ayudas que garantice el nivel presupuestario de los territorios y sectores agrarios andaluces. “Si, como hipótesis, aplicáramos las propuestas iniciales de la Comisión Europea en una tasa plana a nivel nacional, ello supondría para Andalucía la pérdida del al menos un 30% de las ayudas directas comunitarias, y ni la Junta ni yo como consejero lo vamos a permitir. No obstante, aún queda bastantes meses para conocer cuáles son los reglamentos finales de la PAC y, por tanto, su aplicación práctica”, ha declarado.

Para Planas, cabe distinguir dos fases muy importantes en el marco de dicha negociación: de un lado, que Ministerio y comunidades autónomas sigan trabajando unidos para conseguir el mayor resultado posible en Bruselas. De otro, lograr un reparto justo de las ayudas de la PAC entre las comunidades autónomas. “En ese sentido, pedimos continuidad en el apoyo de las ayudas directas existentes en nuestra comunidad autónoma”, ha insistido.

Respecto a la propuesta de la Comisión del reglamento de disciplina financiera, que pretende reducir en un 5% las percepciones de los agricultores y ganaderos, cuyas solicitudes de ayudas se están tramitando en este año y que se pagarán con cargo al presupuesto de 2014, el consejero ha informado que se ha pedido a España que manifieste su oposición. “Andalucía está en contra de la aplicación, por vez primera, de ese mecanismo de disciplina financiera, ya que aunque nos parece lógico que se intente cuadrar el presupuesto, no estamos de acuerdo en que se haga sin una justificación adecuada”, ha señalado.

Asimismo, se pide que el concepto de región se ajuste a la realidad, diversidad y riqueza productiva de Andalucía. En ese sentido, se aboga por que en la definición de dicho concepto se utilice una adecuada combinación de criterios mixtos, como agronómicos, económicos y de potencial agrícola regional, institucionales y administrativos.

Planas también se ha referido a la necesidad de incluir al sector del algodón en el ámbito de las ayudas asociadas acopladas, ya que la evolución de los precios en los últimos años de determinados productos agrícolas como los cereales comprometen la continuidad de este cultivo, aún contando con una ayuda específica.

Por lo que respecta a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las ayudas al desarrollo rural, Andalucía pide que se amplíe el apoyo a las agrupaciones de productores, dado el actual contexto de desequilibrio en el poder negociador dentro de la cadena agroalimentaria. Concretamente, se solicita que dichas ayudas no se limiten exclusivamente a la creación de agrupaciones de productores y no se restrinja a aquellas que se ajusten a la definición de Pequeña y Mediana Empresa (PYME). “El concepto europeo de pyme limita cuantitativamente la elegibilidad de las empresas que pueden ser beneficiarias de estas ayudas, lo cual lleva a que, dado el tamaño medio de nuestras cooperativas, se mantengan por encima de dicha consideración muchas cooperativas españolas, especialmente en el caso de Andalucía, que realizan una actividad muy importante desde el punto de vista agroalimentario. Así pues, es necesario que ese listón se ponga más alto”, ha recalcado Luis Planas.

Además, se solicita seguir avanzando hacia una agricultura que facilite el acceso a los jóvenes y pequeños productores y de manera progresiva en el nuevo sistema de pagos redistributivos.

Otra demanda andaluza es la mejora de la ayuda a los sistemas agroforestales, para que pueda beneficiarse de ella el modelo de explotación agrario y silvícola de la dehesa, un ecosistema único en Europa que se caracteriza por el aprovechamiento múltiple y sostenible de sus recursos y que ocupa aproximadamente 1,2 millones de hectáreas del territorio andaluz. El sistema de explotación de la dehesa, del que en Andalucía dependen unos 128 municipios, desempeña un papel crucial en el desarrollo de los territorios en los que apenas hay otra alternativas económicas, siendo la producción de alimentos de gran valor añadido, el gran potencial para el desarrollo de la agricultura ecológica y el turismo rural, algunos de sus valores más destacados.

Igualmente, se solicita que no se limiten los beneficiarios de la ayuda a inversiones en ecosistemas forestales, para que puedan acogerse todos los montes públicos.

En lo que se refiere a la propuesta de reglamento por el que se crea la Organización Común de Mercados (OCM) de los productos agrícolas, Andalucía aboga por insistir en la defensa de los mecanismos de intervención y regulación de la oferta de mercado, con especial incidencia en el sector del aceite de oliva; en la mejora del sistema de gestión de crisis en frutas y hortalizas, en el papel y atribuciones de las Organizaciones de Productores (OP); y en flexibilizar la aplicación de las normas de la competencia en el sector agrario. También ha planteado que se incluyan las reservas estratégicas de materias primas para la alimentación del ganado en la OCM Única, con objeto de prevenir grandes desequilibrios de mercado y garantizar la continuidad de los sectores ganaderos.