El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) concluye en su Informe Especial nº 8/2012 que la medida 121 «modernización de explotaciones agrícolas» podría ser más rentable desde el punto de vista financiero si se orientara mejor la financiación disponible. Si bien la medida cumplía su objetivo teórico de modernizar, esto era casi inevitable dado que cualquier inversión o cualquier adquisición de nuevo equipo da lugar a cierto grado de modernización. Esta auditoría de gestión examinó si la ayuda de la UE para la modernización de explotaciones agrícolas está dirigida a atender las prioridades de la UE y las necesidades concretas de los Estados miembros.

Aunque algunos Estados miembros controlados orientan la ayuda con gran precisión a las prioridades de la UE y a sus propias necesidades específicas, recurriendo a procedimientos para seleccionar los mejores proyectos, otros no lo hacen debido a que carecen de sistemas de orientación satisfactorios o a que no aplican en la práctica los acertados criterios de selección que habían fijado. Esta falta de orientación de la ayuda en los Estados miembros se vio agravada por el hecho de que la Comisión aprobó algunos programas de desarrollo rural (PDR) que no la orientaban con precisión suficiente o no especificaban los procesos o criterios que debían aplicarse para la selección de proyectos. Además, los procedimientos establecidos para determinar la viabilidad y la sostenibilidad de una explotación o proyecto de inversión no siempre fueron eficaces en los Estados miembros, y la eficacia potencial de los recursos adicionales facilitados con el fin de seguir reforzando las prioridades específicas de la UE se vio afectada por la ausencia de mecanismos de orientación eficaces.

Por lo que respecta a los resultados de la medida 121, el sistema de información no genera datos pertinentes o fiables para facilitar el control de estos resultados de la medida y demostrar su contribución al cumplimiento de las prioridades de la UE.

Entre las recomendaciones formuladas por el Tribunal a la Comisión con el fin de mejorar la eficacia de la medida 121 figuran:

– aprobar los PDR tan solo cuando contengan pruebas de que la ayuda está bien orientada e incluyan criterios de selección claros y pertinentes que respondan a las prioridades de la UE y a las necesidades nacionales o regionales;

– velar por que en el próximo período de programación se obtenga información pertinente y fiable;

– presentar propuestas legislativas para asignar la financiación a prioridades específicas en los reglamentos correspondientes de la UE, cuando proceda, con el fin de garantizar que la financiación surta un efecto añadido.

Se recomienda a los Estados miembros que implanten procedimientos eficaces y proporcionados al riesgo para cerciorarse de que no se conceden ayudas a proyectos cuando está en duda la viabilidad financiera de la inversión o la sostenibilidad de la explotación.

Antecedentes: La UE ha instaurado una política común de desarrollo rural, también conocida como el «segundo pilar» de la política agrícola común (la PAC), que se aplica en la práctica a través de períodos de programación plurianuales. El período actual abarca de 2007 a 2013 y los pagos tienen que haber terminado en 2015. La política se basa en el principio de la cofinanciación: los fondos de la UE se completan con la financiación nacional y también con financiación privada. La UE cofinancia operaciones a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), para el que se presupuestó un total de 96 000 millones de euros en el período de programación 2007-2013. Este importe incluye casi 5 000 millones de euros suplementarios facilitados a raíz del Chequeo de la PAC y el Plan Europeo de Recuperación Económica (PERE).

La medida 121 financia la realización de inversiones en explotaciones agrícolas, que pueden abarcar desde elementos tan sencillos como herramientas agrícolas o cajas de madera para fruta, hasta proyectos complejos como las instalaciones de biogás. Su presupuesto específico de fondos de la UE asciende a un total de 11 100 millones de euros (financiados a través del FEADER), que representan, para el período de programación 2007-2013, en torno al 11 % del gasto total de la UE previsto para el desarrollo rural en el conjunto de la Unión. Todos los Estados miembros han elegido aplicar la medida 121.