Políticos de instituciones europeas, estatales y regionales, agricultores, representantes de las ONG ecologistas y otros muchos grupos de interés pusieron en común sus puntos de vista ante la reforma de la Política Agraria Común (PAC) en la jornada “La PAC a examen: ¿más verde? ¿más justa?”, celebrada el 28 de mayo.

La jornada de debate, convocada por las organizaciones ecologistas WWF, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra, se centró especialmente en las implicaciones y oportunidades ambientales y sociales de las propuestas de la Comisión Europea para la PAC más allá de 2013. Además de debatir sobre si la posición mantenida por España en el proceso de negociación es la más adecuada.

Dichas organizaciones destacaron la pertinencia de la celebración de este evento ante la falta de debate público en España sobre la política europea de mayor presupuesto para nuestro país. Una política que condiciona cómo se producen los alimentos y, con ello, la gestión del 80% del territorio y los recursos naturales de la UE y el futuro del medio rural.

Las diferentes posiciones

Entre las instituciones participantes se manifestó la diferente posición de las mismas. El representante de la Comisión Europea, Tomás García Azcárate, dejó claro que sólo se podrá mantener el presupuesto actual y garantizar el futuro del sector agrario si se integran nuevos criterios ambientales en el pilar de ayudas directas. Su intervención fue especialmente convincente cuando señaló que “la agricultura debe ser sostenible o no será”. En este sentido, la eurodiputada Iratxe García planteó la necesidad de más flexibilidad en la definición del “greening” para que pueda adaptarse a las condiciones mediterráneas. Mientras que, desde el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, Alicia Villauriz señaló que las propuestas de “ecologización” de las ayudas directas podrían ser antiproductivas y poco aplicables a la realidad de la agricultura española. Por su parte, el representante de la Junta de Extremadura reflejó la diversidad agraria de su región y su preocupación por el futuro de las ayudas a la dehesa.

De manera novedosa, se recogió también la experiencia de agricultores de distintos sectores y regiones, que reivindicaron la vinculación de las ayudas al trabajo real en el campo parafraseando la conocida expresión de los jornaleros del campo, “la PAC para quien la trabaja”. Además, señalaron la necesidad de un mayor apoyo a los sistemas más frágiles, como el secano, la dehesa o la ganadería extensiva, la diversificación de la actividad en las explotaciones y las oportunidades que ofrecen modelos como la agricultura ecológica. Reflejaron, en última instancia, su preocupación por garantizar que la tierra quede en buen estado para las generaciones futuras.

Por último, desde las organizaciones agrarias mayoritarias, hasta asociaciones de consumidores, pasando por sindicatos, asociaciones de mujeres, redes de desarrollo rural, productores forestales y universidades, entre otros, expresaron sus posiciones y demandas. De manera mayoritaria se solicitó algún control sobre los mercados y las cadenas de distribución en el ámbito de los productos alimentarios –para asegurar un precio justo a productores y consumidores-, junto con un enfoque más territorial en el diseño y aplicación de la PAC. Igualmente, se demandó que la futura PAC mantenga y genere empleo y renta en el sector primario y el medio rural, y sea capaz de proteger la calidad y especificidad de las distintas producciones españolas y europeas. Más presupuesto para el pilar de desarrollo rural, reforzar el enfoque de género, la importancia del sector forestal y, sobretodo, una mayor información y participación públicas, fueron elementos también destacados.

En cuanto a las organizaciones convocantes, consideran que las propuestas para la nueva PAC defendidas por las instituciones europeas no son suficientes para solucionar la destrucción de empleo y explotaciones agrarias, ni reducirán los altos impactos ecológicos de la agricultura en la UE y en el mundo. Pero el debate de esta reforma supone una oportunidad para mejorarlas y por eso, a modo de conclusión, demandaron:

– Un debate plural y transparente en torno a la reforma.

– El cumplimiento de los objetivos europeos en materia de biodiversidad, aguas y cambio climático, en coherencia con la normativa en vigor y las estrategias aprobadas,

– La protección de los modelos agroalimentarios locales, retomando medidas públicas de control de mercados y fomentando los canales cortos de comercialización, como medio para mantener y generar empleos en el sector primario y conseguir precios justos para productores/as y consumidores/as,

– Una apuesta firme por una PAC que minimice los impactos sociales y ambientales tanto en nuestro territorio como en terceros países, y como única forma de garantizar el futuro de la actividad agraria a medio y largo plazo, y

– Un apoyo claro a la agricultura ecológica y la ganadería extensiva, la producción de leguminosa local y la protección de agrosistemas de alto valor natural, así como medidas de lucha contra el cambio climático basadas en la reducción emisiones, en lugar del impulso de agrocombustibles.

En definitiva, se destacó la necesidad del debate y se plasmaron las posibilidades que ofrece un modelo de agricultura y ganadería extensiva en España, en el que nos podemos considerar referente europeo. Y la necesidad de reorientar las ayudas públicas hacia aquellos que producen alimentos respetando la capacidad natural de los agrosistemas y que generan bienes públicos no compensados por los mercados.