Tal y como viene denunciando UPA desde hace más de un año, junto a la Unión de Consumidores de Castilla y León, con la campaña puesta en marcha por ambas organizaciones y titulada `Por un mercado más transparente´, la situación actual es insostenible teniendo en cuenta que en algunos productos frescos la diferencia en el precio entre el origen y el destino es de más de un 600 %.
A UPA le parece una auténtica tomadura de pelo que el Gobierno se ponga de lado de los especuladores y de los intereses de la cadena de distribución y deje desamparados a los consumidores, justificando los márgenes abusivos a los que nos vemos sometidos en la compra diaria de productos de primera necesidad.
Sirva como ejemplo que comprobando los precios de algunos centros con enorme tirón entre los consumidores castellanoleones como Carrefour, Supersol, Mercadona, Champion, o Día en la última semana se comprueba como en un producto como la naranja de mesa el incremento medio entre lo que se paga al agricultor por la naranja de mesa y lo que paga el consumidor es del 372 por ciento. Y es que mientras que en origen el coste fue de 0,22 el consumidor pagó por la misma naranja 1,04 euros/kilo.
Similar situación sufrieron otros productos agrarios como la manzana golden, con un incremento medio del 390 %, las zanahorias (202 %), patatas rojas (245 %) y tomate para ensalada (300 %).
El análisis realizado tanto por UPA como por la Unión de Consumidores señala que los precios más caros se pagan en las grandes superficies que hay en nuestra región, seguido de los centros de tamaño medio y en tercer lugar las tiendas especializadas de barrio, que es donde se reduce ligeramente el precio final del producto.
UPA va a insistir ante el Ministerio de Economía que ponga en marcha con carácter urgente el doble etiquetado en los productos agroalimentarios frescos, para que la sociedad pueda comparar precios y se desenmascare de una vez por todas la especulación a la que someten los intermediarios a todos los ciudadanos.
De igual modo a nuestra organización le parece indigno y vergonzoso que el Gobierno siga justificando el incremento de la inflación por los precios agroalimentarios, cuando está demostrado que esta coyuntura económica es producto de la política del Ejecutivo de intentar amparar la actividad especuladora de los distribuidores de este país.
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