Ayer publicábamos en Agrodigital que los productores de tomate extremeños denunciaban que la industria oferta un precio por debajo de los costes de producción. Ahora son los productores sevillanos los que reclaman en el mismo sentido.
A mediados de enero una de las dos industrias compradoras en Sevilla, Conesa, comunicó un precio de salida de 105€/t, cifra que está por debajo de lo que se considera el umbral de viabilidad para la mayoría de explotaciones. La otra industria compradora, Sugal, todavía no habría trasladado su precio de salida, informan desde ASAJA Sevilla.
Esta falta de precios claros está retrasando la realización de contratos con las empresas transformadoras, en los que se fija el precio de la producción que se entregará en los meses estivales. Estos retrasos juegan en contra del productor, que ahora debe reflejar su planificación de siembra en la declaración de la PAC. Además, ASAJA recuerda que muchas explotaciones ya han asumido gastos e inversiones para preparar la campaña, como renovación o compra de sistemas de riego, utillaje, suministros y adquisición de maquinaria.
El inicio de la campaña 2026 del tomate para industria en el regadío sevillano llega marcado por la incertidumbre, con precios de contratación que, según trasladan los agricultores, no permitirían cubrir los costes de producción. La situación se produce en un momento clave, ya que estas semanas se cierran los contratos con las empresas transformadoras y se fija el precio de la producción que se entregará en los meses estivales.
En Extremadura, la industria del tomate está ofreciendo 107 euros por tonelada, una cifra con la que los agricultores no podrán cubrir ni tan siquiera los costes de producción, según denuncia UPA-UCE, ya que dichos costes se calculan en 137€/t, según estudios elaborados por la Universidad de Extremadura y publicados por el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Extremadura.
ASAJA-Sevilla ha recomendado a los productores que no acepten ofertas por debajo de costes y ha advertido a las industrias de que pagar por debajo de ese nivel podría suponer un incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.
Tras una asamblea informativa celebrada el pasado 27 de enero en el Bajo Guadalquivir, en la que participaron ASAJA-Sevilla y otras organizaciones junto a más de 300 agricultores de Lebrija, Utrera, Las Cabezas de San Juan y Los Palacios y Villafranca, se acordó solicitar en los próximos días la mediación de la Junta de Andalucía para garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. Además, se plantea denunciar ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) a aquellas industrias que, a juicio de los productores, intenten imponer precios por debajo de los costes.
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