La detección de peste porcina africana y jabalíes en España en nueve ejemplares silvestres hallados en Cerdanyola del Vallès (Barcelona) ha puesto en evidencia lo que COAG describe como una “paradoja devastadora” para el sector porcino español. Según la organización agraria, mientras las explotaciones han invertido fuertes sumas en reforzar la bioseguridad durante las dos últimas décadas, las administraciones estatal y autonómicas han permitido que la población de jabalíes se dispare sin un control efectivo.

COAG recuerda que las granjas porcinas españolas figuran entre las más bioseguras de Europa, con explotaciones diseñadas como “fortalezas sanitarias”, pero se enfrentan ahora al cierre de mercados internacionales y a restricciones internas a raíz de un foco originado en fauna salvaje. La organización señala que 39 granjas catalanas han quedado confinadas durante un año y que alrededor de 20 países han cerrado sus fronteras a las exportaciones españolas, en un sector formado por unas 80.000 explotaciones y cerca de 9.000 M€ anuales en ventas exteriores.

Inversiones millonarias en bioseguridad porcina

Según los datos recopilados por COAG a partir de inversiones reales de sus afiliados, una explotación porcina tipo en España, con entre 1.000 y 2.000 cerdas, ha tenido que asumir en los últimos años los siguientes costes de bioseguridad:

1. Entre 80.000 y 150.000 € en vallado perimetral de bioseguridad, con doble valla y sistemas enterrados para impedir la entrada de jabalíes.
2. Entre 25.000 y 40.000 € en vados sanitarios y arcos de desinfección para vehículos y equipos.
3. Entre 30.000 y 50.000 € en vestuarios y duchas obligatorias para el personal, con zonas diferenciadas limpia y sucia.
4. Más de 75.000 € anuales en costes operativos de bioseguridad, que incluyen mantenimiento de infraestructuras, productos desinfectantes, auditorías, controles y formación.

En conjunto, la inversión inicial se sitúa entre 135.000 y 240.000 €, a la que se suman más de 75.000 € cada año en gastos de funcionamiento. COAG subraya que estas cifras equivalen, en muchos casos, al coste de una vivienda en una gran ciudad, y considera que el esfuerzo económico asumido por los ganaderos contrasta con la ausencia de medidas eficaces sobre fauna salvaje por parte de las administraciones durante las dos últimas décadas.

Un problema estructural de gestión de fauna salvaje

Para COAG, la situación actual no responde a un incidente aislado, sino a un problema estructural en la gestión de la fauna cinegética, que se habría agudizado especialmente en los últimos diez años. La organización identifica varios factores:

1. Fragmentación territorial, con 17 comunidades autónomas aplicando 17 políticas de caza diferentes.
2. Decisiones de carácter político que han limitado la caza por presión de colectivos animalistas, sin diseñar alternativas reales de control poblacional.
3. Falta de coordinación efectiva entre las áreas de Medio Ambiente y Agricultura, lo que habría dificultado respuestas integradas ante el riesgo sanitario.
4. Ausencia de programas sólidos de vigilancia epidemiológica en jabalíes en zonas críticas, pese al riesgo conocido de transmisión de la peste porcina africana.

Según COAG, esta combinación de factores ha dejado al sector ganadero expuesto a una amenaza que los propios ganaderos no pueden controlar desde el interior de sus explotaciones.

Más de 1,3 M de jabalíes y densidades cuatro veces superiores a las recomendadas

Mientras las granjas reforzaban sus sistemas de bioseguridad, la población de jabalíes en España ha pasado, de acuerdo con los datos manejados por COAG y procedentes de la Fundación Artemisan, la SECEM y las federaciones de caza, de unos 200.000 ejemplares en 1990 a más de 1,3 M en 2024, lo que supone un incremento del 550 % en tres décadas.

COAG considera que este crecimiento se ha producido sin que las administraciones activaran planes de control realmente efectivos. Como ejemplo, la organización cita las zonas periurbanas de Barcelona, donde se alcanzarían densidades de hasta 15 jabalíes por kilómetro cuadrado, frente a una media europea considerada sostenible de 2 a 4 ejemplares. Eso supone multiplicar por cuatro los niveles recomendados en algunas áreas de Cataluña, un escenario que COAG califica de negligencia sistemática en la gestión de fauna salvaje.

COAG reclama un Plan Nacional de Gestión de Fauna Salvaje 2025-2030

Ante este contexto, COAG plantea la necesidad de un Plan Nacional de Gestión de Fauna Salvaje para el periodo 2025-2030, que incluya una coordinación obligatoria entre las 17 comunidades autónomas y establezca criterios comunes para el control de especies como el jabalí. La organización propone fijar cupos mínimos de caza en función de la densidad poblacional de cada zona y vincular estos objetivos al establecimiento de sanciones en caso de incumplimiento.

COAG insiste en que resulta incoherente que casi 9.000 M€ en exportaciones y el futuro de unas 80.000 granjas puedan verse comprometidos “cada vez que un jabalí baja a comer a un contenedor de basura en cualquier punto de España”. La organización reclama responsabilidad y acción institucional para abordar de forma integral la relación entre peste porcina africana y jabalíes en España, de manera que el esfuerzo en bioseguridad realizado por las explotaciones no se vea neutralizado por una fauna silvestre sin control suficiente.