El debate en torno al Proyecto de Orden del Ministerio de Agricultura que establece criterios para la retirada obligatoria de aceite de oliva del mercado en caso de exceso de oferta ha enfrentado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y a la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).

El documento analizado por la CNMC propone activar la medida cuando el volumen de existencias iniciales más la producción alcance al menos el 120% de la media de las seis últimas campañas, sin que pueda retirarse más del 20% de la producción estimada. La normativa europea y el Real Decreto 84/2021 permiten este tipo de intervenciones, concebidas para equilibrar el mercado y evitar crisis de precios.

La CNMC advierte de un impacto negativo en consumidores y operadores

En su informe, la CNMC advierte que la aplicación de la norma podría perjudicar a los consumidores, especialmente a los de rentas más bajas, así como a distribuidores y exportadores, al provocar una subida de precios y una reducción en la variedad y calidad del producto.

El organismo recomienda reforzar la justificación de la medida, clarificar sus efectos sobre agricultores, operadores y consumidores, y valorar alternativas como el almacenamiento privado antes de recurrir a la retirada obligatoria. También pide garantizar la proporcionalidad y transparencia de cualquier intervención pública, mejorar la metodología para determinar los desequilibrios de mercado y concretar los sujetos obligados, considerando el impacto económico del almacenamiento. Además, sugiere reforzar los mecanismos de control y permitir la derogación anticipada de la norma si las condiciones de mercado cambian.

COAG denuncia un sesgo a favor de la industria

Desde COAG, las conclusiones del informe han sido calificadas como una muestra de alineación de la CNMC con los intereses de la industria y el comercio, frente a los de los productores y consumidores. La organización sostiene que el objetivo de la norma no es encarecer el aceite, sino estabilizar el mercado y asegurar precios razonables para ambas partes.

COAG recuerda que la retirada de aceite está prevista tanto en la normativa comunitaria como en la nacional y que se activará únicamente en situaciones de sobreoferta. Según la organización, un estudio del Instituto de Estudios Giennenses y la Diputación de Jaén, elaborado con participación de las universidades de Jaén, Córdoba y el IFAPA, demuestra que esta medida contribuirá a estabilizar los precios y evitar escenarios de especulación como los de las dos últimas campañas.

El informe apunta que, aunque a corto plazo podría producirse un ligero incremento de precios en destino, a medio y largo plazo la norma favorecerá una bajada progresiva y una mayor estabilidad, evitando que la escasez de producto dispare los precios hasta niveles inasumibles.

Acusaciones por falta de actuación ante abusos en el mercado

COAG ha recordado además que en mayo presentó una denuncia ante la CNMC por una posible alteración artificial de los precios en origen del aceite de oliva, pero el organismo no abrió investigación, al exigir datos que la organización agraria no podía aportar. También reprocha que la CNMC no actúe ante los márgenes comerciales abusivos, que según el Índice de Precios Origen-Destino (IPOD) superan habitualmente el 500%.

La organización considera “vergonzoso” que la CNMC cuestione una medida avalada por la legislación europea y nacional mientras ignora los abusos que, a su juicio, perjudican directamente a los consumidores. COAG advierte de que con su postura el organismo “se aleja de su misión de garantizar la competencia y la transparencia en los mercados”.