Los apicultores de Castilla y León siguen sin percibir las indemnizaciones correspondientes a los daños ocasionados por el oso pardo en sus explotaciones, según ha denunciado COAG. Los últimos pagos realizados por la Consejería de Medio Ambiente corresponden todavía al año 2023, lo que supone casi dos campañas completas sin compensación, mientras los ataques a las colmenas se mantienen.
La organización agraria asegura que esta situación está generando una gran tensión económica entre los apicultores, que a pesar de emplear medios de prevención como pastores eléctricos y otras medidas disuasorias, sufren daños continuados en sus colmenas. COAG subraya que la valoración de daños ya está finalizada hasta 2024 gracias al trabajo de los técnicos, pero critica que la Junta de Castilla y León no haya habilitado aún el presupuesto necesario para hacer efectivos los pagos.
La entidad exige a la Consejería de Medio Ambiente que acelere el abono de las ayudas pendientes, recordando que la coexistencia de la fauna salvaje con la actividad agraria no puede recaer únicamente en los productores. COAG advierte que, en un contexto ya complicado para el sector primario, estos retrasos suponen un castigo añadido para quienes mantienen la actividad apícola en zonas rurales de montaña, donde el oso pardo está más presente.
Según la organización, no se puede permitir que la conservación del oso pardo se haga a costa de la viabilidad económica de los apicultores.
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