La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha anunciado su intención de extender a todo el país el modelo de financiación que ya está en marcha en comunidades como Castilla y León, Andalucía y Extremadura. Este esquema permite reducir de forma notable la aportación económica de los regantes en las obras de modernización, repartiendo los costes entre el Estado y las comunidades autónomas.

En España queda todavía por modernizar cerca de un millón de hectáreas de regadíos, y con este sistema de colaboración público-privada se pretende acelerar el proceso, aliviando al mismo tiempo la carga financiera de miles de agricultores. La participación de las comunidades autónomas mediante fondos de desarrollo rural permite reducir la aportación de los regantes por debajo del 50 % exigido en los acuerdos tradicionales.

Ejemplos en marcha

En Extremadura, los agricultores aportan solo el 20 % del coste gracias a que la Consejería de Agricultura de esta comunidad financia el 30 % y la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) el 50 %. El convenio firmado entre el Ministerio de Agricultura y la Junta contempla una inversión de 102 M€ destinada a la modernización de las comunidades de regantes de la Presa de Las Fraguas en Cáceres, así como del Canal de Montijo y de Orellana en Badajoz. A estas actuaciones se suman los 59,6 M€ ya comprometidos en otras seis obras de modernización dentro del Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos.

En Castilla y León, la aportación de los regantes se ha reducido al 24 %, ya que el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), dependiente de la Consejería de Agricultura de la comunidad, cubre el 26 % y Seiasa el 50 %.

En Andalucía, los regantes aportan un 30 % de la inversión, mientras que la Consejería de Agricultura de la Junta asume el 50 % y Seiasa el 20 % restante. Actualmente, Seiasa ejecuta cuatro obras de modernización en esta comunidad: en la comunidad de regantes del Genil, entre Córdoba y Sevilla; en Cuevas del Campo (Granada); en la comunidad de regantes del bajo Guadalquivir (Sevilla); y en el pantano del Rumblar (Jaén).

Consenso político como base

Fenacore ha defendido que este modelo de cooperación entre administraciones de distinto signo político se basa en el consenso y evita la confrontación. Castilla y León fue la primera comunidad en firmar un pacto de este tipo en 2017, seguida de Andalucía en abril de este año, mientras que Extremadura se ha incorporado hace apenas dos meses.

La organización señala que aún falta que se unan Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, La Rioja, Madrid y Navarra. El presidente de Fenacore, Juan Valero de Palma, destacó que la organización seguirá apostando por esta vía para facilitar soluciones reales y efectivas a los retos del regadío.