El próximo miércoles 4 de junio, el campo español volverá a ocupar el espacio público con dos convocatorias que reflejan el hartazgo del sector cerealista. Por un lado, ASAJA, COAG y UPA se concentrarán a las 12:00 h ante el Ministerio de Agricultura en Madrid. Por otro, La Unión de Campesinos de León se movilizará a las 11:00 h ante la Delegación del Gobierno en Valladolid. En ambos casos, el objetivo es claro: exigir respuestas ante la caída de precios, el encarecimiento de los costes y la falta de rentabilidad que amenaza la continuidad del cultivo de cereal.

Desde 2022, el precio del cereal ha caído un 40 %, mientras los costes de producción se han disparado. Esta combinación está llevando al límite a miles de agricultores, que ven cómo sus márgenes desaparecen y trabajar la tierra se convierte en una actividad insostenible. El contraste con la subida del pan —un 19 % en el mismo periodo— refuerza la indignación del sector, que se pregunta quién se está beneficiando de este desequilibrio.

Una campaña buena en volumen, pero ruinosa en rentabilidad

Según los datos recopilados por ASAJA, COAG y UPA, la cosecha nacional de cereales de invierno en 2024 alcanzará los 19,5 millones de toneladas, un 20 % más que el año pasado. Esta mejora se refleja especialmente en Castilla y León, donde se prevén 7,88 millones de toneladas sobre 1,78 millones de hectáreas. Sin embargo, con unos costes medios de 800 €/ha, los agricultores apenas obtendrán 18 a 20 € por hectárea de beneficio. “Trabajar todo un año para este resultado es insostenible”, señalan las organizaciones.

A este panorama se suman factores externos como la entrada masiva de cereal de Ucrania, que entra en la UE sin aranceles ni contingentes, presionando aún más los precios en origen. Mientras tanto, los fertilizantes importados de Rusia y Bielorrusia siguen gravados, elevando artificialmente el coste de un insumo esencial para el cultivo.

Demandas claras y soluciones urgentes

Las organizaciones convocantes reclaman al Gobierno central una defensa firme del cereal nacional ante las instituciones europeas. Exigen revisar los acuerdos comerciales con países terceros, establecer mecanismos de protección y aplicar medidas similares a las que ya se han activado en otros sectores.

También reclaman ayudas directas vinculadas a las facturas de compra de fertilizantes, de forma que los fondos públicos lleguen realmente a quienes han asumido esos costes. Solo en Castilla y León, el gasto en fertilizantes ha superado los 500 M€ esta campaña.

Desde La Unión de Campesinos de León denuncian, además, la ineficacia de la ley de la cadena alimentaria, la burocracia que asfixia las explotaciones, la falta de control sobre la especulación y el papel de grandes empresas que, tras recibir fondos públicos, aplican políticas de reducción de personal sin consecuencias.

Una protesta que puede ir a más

Los convocantes advierten de que la concentración del 4 de junio es solo el primer paso. Si no se adoptan medidas inmediatas y eficaces, no se descartan nuevas movilizaciones. El mensaje es claro: “La rentabilidad del cereal no se puede seguir fiando a cosechas excepcionales mientras los costes siguen desbocados y los precios hundidos. El riesgo es que muchos agricultores opten directamente por dejar de sembrar”.