El Ministerio de Agricultura publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una orden que modifica la ayuda extraordinaria destinada a compensar la pérdida de renta de agricultores y ganaderos cuyas explotaciones resultaron dañadas por la DANA de octubre de 2024. El objetivo de esta medida es agilizar la recuperación del tejido productivo en las zonas afectadas.

A partir de ahora, los beneficiarios podrán ejecutar directamente las reparaciones en sus explotaciones, bien con medios propios o recurriendo a proveedores o empresas locales. El Gobierno ha establecido una baremación de ayudas por superficie, de 5.200 a 9.900 euros por hectárea en función de cuatro zonas asignadas con distinto grado de afección, para que los agricultores damnificados que lo prefieran lleven a cabo sus propias reparaciones de las infraestructuras dañadas: accesos a las explotaciones, instalaciones de riego, muros, vallados, etc. La cuantía máxima por beneficiario es de 125.000 euros.

Esta modificación responde a las dificultades identificadas para que la empresa pública Tragsa, encargada inicialmente de acometer las obras de reparación, pudiera ejecutarlas en el corto y medio plazo, debido al elevado número de actuaciones individualizadas y a su dispersión geográfica. Además, muchas de estas labores —como limpiezas entre líneas de arbolado o retirada manual de restos— presentan una complejidad añadida al no ser fácilmente mecanizables.

Para acelerar el proceso de recuperación, las ayudas se concederán de oficio. Una vez publicada la lista definitiva de beneficiarios, se abrirá un plazo de un mes para que aquellos que deseen esperar a la intervención de Tragsa puedan renunciar a la subvención directa. Este procedimiento queda recogido en la disposición adicional segunda del Real Decreto 345/2025, que también regula el régimen jurídico de Tragsa y Tragsatec, y que ha sido publicado en el mismo BOE.

En el caso de los viveros, la orden establece una ayuda específica que cubrirá el 60% de los daños valorados por Tragsa. Esta cuantía se reducirá en función de otras ayudas públicas o indemnizaciones de seguros ya percibidas, de forma que el total no supere el coste del daño evaluado.

Los viveristas deberán presentar una declaración responsable sobre las ayudas o pagos ya recibidos, además de aceptar de forma expresa esta ayuda y comprometerse a destinar los fondos a la explotación. Si no cumplen estos requisitos, se entenderá que renuncian a la ayuda directa y podrán acogerse a las actuaciones de recuperación previstas a través de Tragsa.

Asimismo, se fija una ayuda específica de 11.800€ por hectárea para la totalidad de la superficie de parcelas agrícolas gravemente afectadas por su proximidad a cauces públicos y que podrían perder su condición agraria para integrarse en el dominio público hidráulico. Un mismo beneficiario no podrá recibir más de 200.000 euros

Para consultar la Orden, pinche aquí.