El sector del zumo de naranja en España enfrenta una situación preocupante. Pese a que el precio del zumo de naranja alcanza máximos históricos en los mercados internacionales, las industrias cítricas españolas ofrecen precios a los agricultores que no cubren los costes de producción, según denuncia ASAJA-Andalucía. Esta práctica podría contravenir la Ley de la Cadena Alimentaria, diseñada para proteger a los productores y garantizar precios justos.

Desde el inicio de la campaña de recolección, la organización ha señalado que las industrias de transformación ejercen una posición de dominio que deriva en precios en origen por debajo de los costes de producción. Aunque el mercado internacional muestra una alta demanda de zumo de naranja y una oferta limitada, los agricultores españoles no están viendo reflejado este contexto favorable en sus ingresos.

Los precios en los mercados de futuros, actualmente más del doble que hace dos años, contrastan con las cotizaciones en origen ofrecidas a los agricultores. Esta situación es especialmente grave dado el descenso en la producción global de naranjas, provocado por la sequía y enfermedades que afectan a países como Brasil, el mayor productor mundial.

La entrada de cítricos de terceros países agrava el problema

Otro factor que perjudica al sector es la entrada de naranjas de países fuera de la Unión Europea, como Egipto, donde los estándares de producción y costes son mucho más bajos que en España. La organización exige una mayor vigilancia por parte de las administraciones para garantizar que las naranjas importadas cumplan los mismos requisitos fitosanitarios, medioambientales y laborales que se exigen a los productores europeos.

En la campaña anterior, la entrada masiva de cítricos de terceros países provocó un desplome de los precios a partir de febrero, tras un inicio competitivo. Se advierte de que esta situación podría repetirse si no se adoptan medidas inmediatas.

ASAJA-Andalucía insta a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y al Ministerio de Agricultura a actuar frente a estas prácticas abusivas. La organización subraya la necesidad de proteger a los agricultores como el eslabón más débil de la cadena alimentaria y garantizar la sostenibilidad de la producción en el campo.

Además, se reclaman políticas que aseguren una reciprocidad en las condiciones de competencia con los países exportadores. Según la organización, el cumplimiento de estándares europeos debe ser un requisito indispensable para los productos importados.