Esta semana, el ministro Luis Planas sufrió un pequeño vahído, un ligero mareo para el pópulo, que encendió las alarmas en el Congreso. Felizmente, el ministro se recuperó rápidamente y la cosa no fue más allá. Aunque les cueste creerlo, me alegro enormemente.
El ministro achacó este episodio al intenso trabajo y a la tensión acumulada en las últimas fechas, con tanta tractorada y tanto ajetreo sectorial, que le ha obligado a redoblar los esfuerzos para apagar los continuos fuegos que se han encendido a lo largo y ancho de la piel de toro.
A falta de unos pocos días de la movilización que las organizaciones vertebradoras del sector primario en Gipuzkoa, ENBA, EHNE y Asociación Forestalista, piensan impulsar este viernes, 1 de marzo, en las calles de Donostia para luego acudir a la sede de las Juntas Generales de Gipuzkoa, institución en la que se deposita la soberanía de nuestro territorio histórico, quisiera aprovechar la filípica de hoy, para trascender la cuestión tractoril y fijarme, por un momento, en las importantes novedades que se han producido estos últimos días en un subsector, el vacuno de leche, que tengo bastante abandonado.
El miércoles recibí una llamada de una persona clave en el sector lácteo gallego, y estatal añado yo, dando cuenta de la inmediata publicación de una sentencia histórica sobre el llamado cártel de la leche que, dicho lisa y llanamente, no es más que un grupo de industrias lácteas que actuaban de forma coordinada para, eso sí, incrementar su rentabilidad a base de un pacto entre ellas para mantener siempre precios bajos al ganadero.
Al día siguiente, se publicó en la prensa especializada dicha información, las siguientes industrias lácteas han sido multadas por un total de 28 millones de euros (Pascual, Lactalis Iberia, Nestlé, Schereiber Food Y Central Lechera Gallega), en orden decreciente por multa impuesta, Además, existen otras empresas a las que se les han aceptado parcialmente sus alegaciones (, Comercial Alimentaria Peñasanta (Asturiana), Danone, Industrias Lácteas Granada (Puleva), y Asociación de Empresas Lácteas de Galicia) que al considerar la Audiencia que algunos de los periodos investigados están prescritos, se les recalculará la sanción.
La multa parece ser la consecuencia de una actuación conjunta, algo prohibido por ley, para comprar leche al precio más barato posible para incrementar beneficios empresariales, aunque, todo ello, sea a costa de asfixiar al sector ganadero y someterlo al peor de los infiernos. Pues bien, me alegro enormemente por los ganaderos (muchos de ellos ya inactivos) que se puedan ver beneficiados por dicha sentencia, aunque mucho me temo, que la sentencia definitiva, irá para largo puesto que estas poderosas empresas tirarán de chequera y seguirán litigiando eternamente.
Eso sí, también me aterran las consecuencias de dicha sentencia pueda tener en los ganaderos actualmente en activo porque, tengo clarísimo, que la venganza de las empresas será terrible y la sufrirán, los que ahora están ordeñando.
La segunda noticia láctea de la semana fue la publicación en el diario económico Cinco Días que informaba de dos multas confirmadas por la Audiencia Nacional a la cadena Mercadona por haber adquirido leche a su interproveedor, la cooperativa COVAP, por debajo de costes de producción y con ello, haber destruido el valor de la cadena, porque tal y como recoge la Ley de Cadena Alimentaria, que cada eslabón de la cadena deberá abonar al eslabón anterior un precio que sea igual o superior al coste efectivo de producción.
Independientemente de lo que diga la cadena multada, quisiera destacar la importancia de la actuación de AICA, Agencia de Información y Calidad Alimentaria, entidad dependiente del Ministerio, puesto que es un efectivo aviso a navegantes, que puede servir para poner firmes a más de uno que, tan alegremente, piensan que pueden pagar al productor lo que ellos estimen y lo que mejor les convenga para redondear los resultados de su empresa. Esta ocasión ha sido en un producto tan sensible y maltratado como la leche, pero este aviso es trasladable al conjunto de los sectores productivos.
Ambas noticias, la del cártel y la de la multa por comprar por debajo de costes de producción, son dos caras de la misma moneda, una estrategia compartida por algunos primeros compradores, por una parte de la industria y de las cadenas de distribución que, ha sido desarrollada en las últimas décadas de forma coordinada por estos estamentos lácteos y cuya consecuencia última es el progresivo desmantelamiento del tejido ganadero y el debilitamiento de un tejido cooperativo y empresarial autóctono al no dotar de estabilidad y de la más mínima perspectiva de futuro para un sector que va, poco a poco, languideciendo.
Aún así, no se crean que unos y otros han sacado las conclusiones, en opinión de este humilde juntaletras, oportunas, puesto que a pesar de ambas noticias y de la delicada situación del sector, unos y otros, empresas y cadenas, cadenas y empresas, vuelven a la carga con ofertas a la baja que volverán a condenar al ganadero a producir a pérdidas y consecuentemente, volverá a faltar leche en los lineales.
En fin, que no sea, porque no estén avisados.
Esto que aquí se comenta esta pasando en otros sectores tal como el de frutos secos y concretamente en la almendra en donde por los transformadores se están comprando por debajo de sus costes de produccion al agricultor que percibe un precio de 3 euros que es un 30% inferior al percibido el año anterior y entre un 30 a 40% por debajo de su coste de producción mientras el consumidor paga un precio similar al año anterior. Estos datos están publicados por unas llamadas Lonjas que controlan ellos mismos, y ello a pesar de que el MAPA tiene los datos de costos de produccion actualizados suministrados por una muestra representativa de los distintos tipos de explotacion presentes en el sector productor y sus costos varían entre un mínimo de 4 a 5 euros según grado de eficiencia, y a pesar de contar con estos datos no actua. Sin sostenibilidad económica en las explotaciones no habrá ni sostenibilidad medioambiental ni sostenibilidad social. En España ni el MAPA ni CCAA ni en la UE de ello todavía no se han enterado y siguen con la cantinela de abordar unas normas regulatorias absolutamente voluntaristas e impuestas por personas que desconocen totalmente si son factibles de cumplir o no en los plazos impuestos, con la tecnología actual y sin merma de la productividad. Es descorazonador que no se hayan enterado después de tantas movilizaciones que eso de las normas es solo una parte del problema y que el tema principal e importante es percibir por la produccion que vendemos unos precios que remuneren nuestro trabajo y al mismo tiempo nos generen excedentes para poder seguir modernizando nuestras explotaciones y con el objetivo de ser cada vez mas sostenibles medio ambientalmente, y socialmente. Tienen que comprender que es un sector tan estratégico y vital para un país como lo es la energía, la defensa y la sanidad y seguridad social y que así se desprende del Tratado Fundacional de la UE. Esto es lo que deben de ver claramente y no irse por las ramas.