El número de robos en el campo ha vuelto a aumentar en 2022 y lo ha hecho en un 19% en comparación con 2021, según los datos de robos con fuerza, robos con fuerza en interior de vehículo, robo con violencia o intimidación, hurto y hurto en interior de vehículo en explotaciones agrícolas y ganaderas del Ministerio del Interior, a los que ha tenido acceso Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos.

Desde 2013 a 2020, el número de robos se estaba reduciendo: en 2013 fueron de 20.000 y descendieron a los 9.000 en 2020. No obstante, desde el año de la pandemia, la tendencia está cambiando. Cada año se producen más, llegando a los 11.000 durante 2022.

Con estas cifras se habrían producido hasta 30 robos al día en el último año. Además, hay que destacar que estos datos se refieren a hechos denunciados, por lo que los robos totales sería una cifra mayor. Unión de Uniones llama la atención sobre la necesidad de poner más recursos de vigilancia en el campo para frenarlos.

¿Qué ha pasado en las CCAA?

Según ha podido identificar Unión de Uniones, los aumentos más elevados se han dado en La Rioja (+188,9%) Castilla-La Mancha (+55,7%), Extremadura (+43,4%), Cataluña (+35,7%) y Murcia (+37,2%).

Por provincias, (aparte del correspondiente a la uniprovincial La Rioja, ya citado), la organización  resalta el aumento de delitos producidos en Ciudad Real (+71,0), Albacete (+67,2%), Tarragona (+62,9%) y Badajoz (+62,1%).

En el estrato de Comunidades Autónomas, entre 2022 y 2021 se observan descensos en Baleares, Navarra, Galicia, Madrid, Cantabria y Canarias.

Unión de Uniones destaca que respecto a cuáles son los territorios del Estado en los que se producen un mayor número de incidentes conocidos, la primera posición la ocupa Andalucía, con aproximadamente un tercio de los delitos contra la propiedad que se producen en explotaciones agrarias en todo el país. En el último trienio su participación estadística ha descendido ligeramente, en parte al haber incorporado los datos catalanes antes no contabilizados.

Considerando el mismo trienio, 2020-2022, el segundo puesto lo ocupa la Comunidad Valenciana, con algo más del 12% de este tipo de delitos en todo el territorio nacional, seguido de Castilla-La Mancha con casi un 11%. A continuación, estarían Extremadura (8,5%), Cataluña (7,5%), Castilla y León (7,2%) y Murcia y Aragón (ambas con el 5,5%). Por debajo de éstas, ninguna de las Comunidades Autónomas alcanza el 4%.

Asimismo, Unión de Uniones analiza también la situación por cada 1.000 explotaciones para que los datos no se vicien con factores demográficos y, en este análisis, las Islas Canarias son las que representan el índice más alto con 28,8 robos y hurtos por cada 1.000 explotaciones, seguida de Murcia (26,8), La Rioja (19,3), Cataluña (16,4) y Extremadura (16,2).

En la desagregación provincial, sin embargo, vuelve a estar Andalucía la primera en provincias como también Huelva (25,1) y Sevilla (24,9), tras las que destacarían Badajoz (21,9) o Valladolid (19,5).

La organización pide más recursos

Unión de Uniones señala que los hechos esclarecidos se mantienen desde 2013 en una media del 17,8% del total de los hechos conocidos, siendo las Islas Canarias (27,6%) y Baleares (25,2%) seguidas de Comunidad Valenciana (22%) y Extremadura (20,3%) las que cuentan con un índice más alto de resolución.

La organización pide mayores recursos para los Equipos ROCA, cuyos integrantes han descendido ligeramente en los últimos años, de los 522 en 2019 a los 503 en 2022. “Nos preocupa que los Equipos ROCA sigan menguando y que los ladrones campen a sus anchas y sigan dificultando la tarea a agricultores y ganaderos”, cometan desde Unión de Uniones. “No es sólo lo que se sustraiga sino todo el impacto que tiene en la actividad normal de una explotación o cultivo”, explican.

Igualmente solicitan que se agilicen los trámites burocráticos a la hora de hacer las denuncias de tal forma que se pueda animar a los agricultores y ganaderos a interponerlas de tal forma que se pueda contar con un mapa real de la situación de robos así como estudiar los recursos que hacen falta para atajarlos.