La Agencia de Información y Control Alimentarios  (AICA) ha publicado el Informe Anual de las Autoridades de Ejecución de las comunidades autónomas relativas a las medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, en 2022. En el mismo, Castilla y León no presenta ni una sola infracción con sanción a pesar de ser la comunidad donde se realizan más inspecciones de oficio, 286; más de la mitad de las 549 efectuadas en todo el territorio nacional, según informa La Alianza UPA-COAG..

Además, el sector productor, representado por los agricultores y los ganaderos,  sale indemne de las inspecciones, mientras que la industria se dispara. Esto es: las infracciones se clasifican en el informe de la AICA por sector productor, industria alimentaria, distribución comercial mayorista y distribución comercial minorista. Y el balance nacional es: la industria alimentaria cuenta con 106 infracciones con sanción de las 125 contabilizadas. Y las 19 infracciones restantes se reparten en la distribución mayorista, 3 y en la minorista, 16.

Esta cantidad de inspecciones recibidas por Castilla y León resulta sorprendente, según la Alianza, en comparación con las que registran las comunidades que le siguen en número de controles: Cataluña con 52, Castilla-La Mancha con 31 y Andalucía con 29.

En las 286 inspecciones recibidas por Castilla y León predominan tres sectores: el ovino de carne y las patatas, con 45 cada uno, y el vacuno de carne, con 42.

El estudio identifica las inspecciones de oficio y las relaciones comerciales de oficio controladas, es decir, en una misma inspección se pueden controlar diferentes contratos. El hecho de que nuestra comunidad no presente ni una sola infracción con sanción podría significar la integridad de su cadena, pero también puede deberse a la propia duración del procedimiento y al tiempo que tarda en conocerse el resultado de cada inspección (una infracción puede corresponder a una inspección realizada años atrás), y el funcionamiento, disposición y voluntad del órgano de la Cadena Alimentaria de cada comunidad autónoma.

Desde UPA-COAG piden que se aumente el rigor en las inspecciones de Castilla y León, ya que periódicamente tienen que denunciar fraudes, muy a menudo en el etiquetado de productos, como fue el caso de la venta de ‘patata nueva’ cuando era ‘patata de conservación’ por parte de una cadena de supermercados, destapado por la Alianza el pasado mes de febrero. No obstante, valoramos y vemos fundamental e indispensable la labor de la Cadena Alimentaria de Castilla y León y animamos a continuar en esta línea, aumentando el número y el rigor de las actuaciones.

Con respecto a las relaciones comerciales de oficio controladas, de las 2.029 presentadas por la Agencia de Información y Control Alimentarios en su estudio, en Castilla y León se sucedieron 573, un número muy superior a las 241 controladas en Extremadura, segunda C.C.A.A. en este ámbito. De estas 573 relaciones comerciales controladas en nuestra comunidad, destacan el ovino de carne, el vacuno de carne y lo cultivos herbáceos.

Otras comunidades como Cataluña cometieron hasta 98 infracciones entre incumplimiento de los plazos del pago (art. 23.2.g), no incluir los extremos que como mínimo deben contener los contratos alimentarios (art. 23.1.a) o no formalizar por escrito los contratos alimentarios (art. 23.2.b). Otras como la Comunidad Foral de Navarra presentaron 19 infracciones, 7 en Castilla-La Mancha y una en Aragón.

En cuanto a inspecciones por denuncias y traslados en 2022, nuestra comunidad no ha presentado ninguna denuncia ni ningún traslado de otros organismos durante el año 2022.

La Alianza UPA-COAG señala esta importante diferencia del número de inspecciones y el de relaciones comerciales de oficio controladas entre las comunidades, a la vez que pone en valor el buen hacer de los profesionales castellanos y leoneses y, sobre todo, el del sector productor.