Castilla-La Mancha dispondrá de un Cuerpo Superior de Investigadores, que nace tras la aprobación de la Ley de fomento y coordinación del sistema de investigación, desarrollo e innovación de la región. Un paso “muy importante” porque, a partir de ahora, “los investigadores de todos los centros del IRIAF tendrán que ser doctores o especialistas en la materia”. Así lo ha señalado el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, durante una visita al Centro de Investigación Agroambiental de El Chaparrillo, perteneciente al propio Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha.
Se trata de un reconocimiento para los investigadores de este organismo, dependiente de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, que a partir de ahora formarán un “cuerpo separado del resto de la Administración pública”, una “medida absolutamente necesaria”, según Martínez Arroyo, para que solo los especialistas y doctores puedan acceder a esas plazas.
El IRIAF dispone actualmente de un presupuesto de once millones de euros al año, aunque el consejero aspira a que pueda estar dotado con “más recursos públicos y generar más inversión privada”. El consejero se ha referido a la biorrefinería Clamber, “un ejemplo muy interesante en el cual podemos ver cómo la inversión privada va empezando a entrar en un proyecto de innovación público, convirtiendo la investigación pública de interés público-privado”.
Martínez Arroyo ha recordado que la Consejería que dirige, tiene en marcha 31 Proyectos Piloto, coordinados desde el IRIAF, para los que “hemos puesto a disposición del sector cinco millones de euros”. Para realizar estas investigaciones “se está trabajando con las empresas privadas y con los centros de investigación” y, en la mayoría, participa la Universidad de Castilla-La Mancha, a quien el consejero ha agradecido su implicación de manera expresa “porque hemos conseguido hacer un montón de cosas gracias al compromiso del rector y de la institución que preside”.
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