El 31 de diciembre de 2021 entraba en vigor la Ley 32/2021 que reformaba el Estatuto de los Trabajadores y que su principal impacto en el sector agrario es la desaparicion de los contrataos por obras y servicios y condena al sector agrario a realizar casi exclusivamente contratos fijos discontinuos, con el aumento de gastos, sobre todo de gestión que esta mediada acarrea.
El 29 de junio de 2022 se publicaba y por lo tanto entraba en vigor el Convenio Colectivo de Trabajo del Campo en Extremadura, con una subida importante de los salarios y el endurecimiento de las normas de contratación para los empresarios agrarios.
Ambas normas están suponiendo un importante aumento de los gastos que deben realizar los empresarios agrarios, ya que a los 52,62 € diarios de salario base hay que añadir varios pluses dependiendo de los trabajos y circunstancias de cada trabajador y un aumento significativo de los gastos de gestión de los contrataos impuestos tanto por el Convenio Colectivo como por el Estatuto de los Trabajadores, exponen desde La Unón de Extremadura.
La organización agraria insiste en que los empresarios agrarios no están en contra de subir los salarios a los trabajadores, pero no pueden permitirse el aumento tan excesivo de trabas burocráticas y afrontar un aumento de costes tan importantes en la actual campaña con unos precios de miseria por nuestros productos.
A la subida de costes del combustible, de los fitosanitarios, de los impuestos y tasas, de los fertilizantes, tenemos que añadir la subida importante de los costes laborales, con unas perspectivas del precios de la uva y del vino que va a traer consigo que algunas parcelas sea más rentable no vendimiarlas.
Los agricultores no pueden entender que las normas que regulan sus costes de producción se apliquen de forma automática y en cambio la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria no está en vigor por tecnicismos del Ministerio de Agricultura, concluye La Unión.
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