Tras las intensas movilizaciones de la primavera del año 2020, que comenzaron en la Feval de Don Benito, principalmente por los ruinosos precios de las producciones agrarias que en la mayor parte de los productos no cubrían los costes de producción, el Gobierno se comprometió a reformar la Ley de mejora de la cadena alimentaria para que no se pudiesen vender productos agrarios por debajo de los costes de producción, recuerda La Unión de Extremadura.

Efectivamente el 15 de diciembre de 2021 se publicaba en el BOE, la Ley 16/2021 de 14 de diciembre por la que se modificaba la Ley de mejora de la cadena alimentaria y en el artículo 9 de la misma se estipulaba que no se podían vender productos agrarios por debajo de los costes de producción.

La Unión destaca que el Gobierno,  una parte importante de los Partidos Político (Psoe, Podemos, etc.) y algunas Opas, llevan vendiendo lo buenísima que es la Ley de mejora del funcionamiento de la Cadena Alimentaria que iba a hacer que el precio de nuestros productos cubriese al menos los costes de producción.

Efectivamente el artículo 9 de la citada Ley dice eso, pero ¿cuándo entra en vigor este artículo?

La Disposición adicional tercera establece que en el plazo de 6 meses desde la completa entrada en vigor de la Ley, el Ministerio de Agricultura publicará los criterios para establecer este precio.

 ¿Cuándo se cumple la completa entrada en vigor?

Según la Disposición final octava entrará en vigor en el momento en que el registro de inscripción de contratos alimentarios esté plenamente operativo, y esto

¿Cuándo va a suceder?

La Disposición final sexta, dice que se faculta al Ministerio a dictar cuantas disposiciones sean necesarias.

Es muy viejo el dicho de Romanones de “Haga usted las leyes y déjeme a mí los reglamentos”, esto parece ser lo que  el Ministro Luis Planas ha hecho, la Ley se publicó en diciembre de 2021, pero no hay fecha de su entrada en vigor, por lo que los agricultores y ganaderos no podemos exigir a nuestros compradores (centrales hortofrutícolas, centrales de leche, fábricas de tomate, y compradores en general) que nos paguen al menos un precio por nuestros productos que cubran los costes de producción, así que la pregunta es:

¿Por qué se ha aprobado una Ley que no tiene previsto que entre en vigor? se pregunta la organización agraria.