El proyecto de Real Decreto de Envases y Residuos de Envases -en tramitación-, que establece entre otras medidas la reducción del 50% de botellas de bebidas de plástico de un solo uso, así como nuevos objetivos de reutilización, tendría un alto impacto social y económico en el sector de alimentación y bebidas, los consumidores y la economía española, poniendo en riesgo puestos de trabajo y empresas, según datos de un Informe realizado por Analistas Financieros Internacionales (AFI).

El informe prevé el cierre de hasta 2.400 compañías, que representan el 7,1% del total de las empresas del sector, debido a los nuevos objetivos de reutilización y de reducción del 50% de botellas de plástico de un solo uso para bebidas a 2030. Estos objetivos conllevan un incremento de los costes e inversiones inesperadas para el sector.  Las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las compañías ubicadas en el medio rural, serían en general las más afectadas.

Solo en términos de empleo, estima la industria, su aplicación amenaza el mantenimiento de 26.500 puestos de trabajo en el conjunto del sector de alimentación y bebidas, según datos del análisis realizado por Analistas Financieros Internacionales (Afi), que estima que los costes para la industria de alimentación y bebidas de la nueva normativa representarían alrededor de 7.050 millones de euros.

La propuesta del Gobierno, actualmente en tramitación, representa a juicio del sector un `viraje normativo´ respecto a la ruta marcada por la U.E. y en algunos aspectos excede las directivas europeas e impondría inversiones de 6.270 millones de euros en una década para adaptarse a los nuevos objetivos de reutilización y hacer frente a la reducción del 50% de botellas de plástico de un solo uso para bebidas a 2030. Una inversión inasumible para algunos segmentos del sector.

De estos 6.270 millones de euros en inversiones, el impacto se divide en 4.670 millones asociados a los nuevos objetivos de reutilización y 1.600 millones de euros a la reducción del 50% de botellas de bebidas de plástico de un solo uso. A estos datos hay que añadir el incremento del coste de la RAP de 490 millones de euros y el impuesto al plástico, 300 millones de euros, como consecuencia de la futura Ley de residuos, actualmente al final de su tramitación.

“Las medidas incluidas en el Real Decreto llegan en el peor momento -con la inflación disparada y un ritmo de recuperación más lento-, merman la competitividad de la industria y ponen freno a la necesaria recuperación económica del país. Hacemos un llamamiento al diálogo con el sector para identificar soluciones viables y de consenso”, explica Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB.

“El sector precisa de iniciativas que incentiven la actividad y para ello se necesitan medidas equilibradas y proporcionales. Es el momento de trabajar para mejorar la competitividad de la industria -que genera anualmente más de 24.000 millones de euros en valor añadido y más de 430.000 empleos- de manera que podamos contribuir a la recuperación del consumo. Con el borrador de Real Decreto pierden el tejido industrial y las pequeñas empresas y pierden los ciudadanos”,añade.