La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera la cosecha en verde la medida más adecuada para abordar a corto plazo la crisis del sector vitivinícola,  ya que es la única actuación que elimina materia prima del mercado antes incluso de su transformación a vino. Así se ha trasladado al ministerio de Agricultura, en respuesta el cuestionario remitido a las organizaciones agrarias para abordar la preocupante situación del sector. El sector vitivinícola ha sido desde el primer momento uno de los más afectados por la pandemia de la COVID – 19 debido al cierre y posteriores restricciones del canal HORECA, ( 60% del consumo), así como la cancelación de todo tipo de fiestas y eventos en los que el consumo también era importante.

Para que esta medida sea eficaz debería aplicarse en todo el territorio nacional y dotarse de un presupuesto extraordinario de al menos 40 millones de euros, (aportados por UE, ministerio de Agricultura y Comunidades Autónomas), al margen del Plan de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASVE). “Hemos dejado muy claro al ministerio de Agricultura que para ejecutar las medidas extraordinarias a causa de la crisis del COVID19 debe establecerse un presupuesto extraordinario al margen del PASVE. No se puede hipotecar,  por un problema coyuntural ajeno al sector,  un presupuesto asignado a las medidas ordinarias que son muy necesarias para mejorar la competitividad del sector vitivinícola, tales como la reestructuración del viñedo, modernización de bodegas o promoción en terceros países”,  ha subrayado Joaquín Vizcaíno, responsable del sector vitivinícola de COAG.

No obstante, si no se habilitaran finalmente  fondos adicionales, y no quedara más remedio que retraer fondos del PASVE, COAG apuesta porque dicho dinero vaya destinado exclusivamente a financiar la cosecha en verde. Esta medida es más que necesaria para lograr un reequilibrio entre oferta y demanda antes de la vendimia y evitar el impacto de los bajos precios de mercado sobre los precios pagados por las uvas a los viticultores. También se confía en que en enero de 2022 se pueda activar la norma de comercialización de inmovilización de vino y mosto si la situación lo requiere.