Esta semana, cuando se va a cumplir un año desde que los agricultores españoles salieran a protestar a las calles por los bajos precios bajo el movimiento “Agricultores al límite”, recordemos las históricas movilizaciones de febrero del 2020 en Valencia y Alicante, con el corte de la autovía en Monforte del Cid por 400 tractores, el Congreso de los Diputados reúne al sector agroalimentario al objeto de valorar el último proyecto normativo para modificar la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

La verdad es que desde la esfera política pocos esfuerzos hemos percibido en este sentido por revertir la situación de la crisis de precios, más que con un Decreto Ley 2/2020, como respuesta del Gobierno a dichas movilizaciones y cuya principal novedad consiste en “obligar a cada operador a abonar un precio igual o superior al coste de producción…”. Un decreto que, a un año de su entrada en vigor, la realidad es que se siguen suscribiendo a plena luz del día y con publicidad contratos por debajo de los costes de producción, destacando en ello sectores como la leche, la uva de vino, el aceite, las frutas y las hortalizas…. De hecho, recientemente hemos visto como la Gran Distribución utilizaba la uva del Vinalopó como producto reclamo, con un precio banalizado, para incitar al consumidor a llenar su carro de la compra con productos navideños de mayor valor.

A pesar de ello, la valoración de la Ley es positiva y creemos que sienta los cimientos en un cambio de mentalidad y de paradigma en las relaciones comerciales. Y es que, una Ley necesita un tiempo para comenzar a ser efectiva y conseguir que logre cambiar determinadas prácticas, relaciones y costumbres, por lo que valoramos que haya una normativa que fije en nuestro ordenamiento jurídico una base adecuada sobre la que trabajar y aplicar reformas a fin de lograr mayor transparencia comercial en el mercado de frutas y hortalizas en fresco.

Asimismo, durante este año también hemos asistido al intento de algunos colectivos que representan al sector agroalimentario, no confundir con el sector de la producción agraria, que han entrado en juego, por no estar conformes con el decreto que modifica la Ley de la Cadena Alimentaria y, ante la debilidad de un Gobierno veleta, dubitativo, fariseo y sin estrategia a medio plazo, están intentado forzar para que el Congreso de los Diputados y el Gobierno publique un proyecto normativo desactivado y destruido en sus contenidos principales para modificar la Ley 12/2013, de 2 de agosto. Su objetivo: dejar los cambios en nada; proteger la mentira de la Gran Distribución; y no legislar para que los agricultores tengan precios justos.

Y es ahora, cuando el sector está llamado para analizar la segunda reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria en un año y exponer ante los grupos parlamentarios propuestas de modificación, cuando debemos presionar para impedir que se consiga una ley inerte.   

Desde ASAJA consideramos que en esta reforma hay que destacar el esfuerzo diario que agricultores y ganaderos realizan para garantizar y proporcionar alimentos de calidad a la población, así como para mejorar los sistemas productivos. Por ello, esta reforma necesita que se incluya y se referencien los precios de los insumos. Que se ponga un precio a nuestros productos, como ocurre en todos los sectores económicos y, como mínimo, que este sea lo que cuesta producirlos ¿O acaso alguien se imagina a la banca ofertando sus productos a pérdidas?

Pero, para que la Ley de la Cadena Alimentaria disponga del rigor pertinente, necesitamos que se establezcan mecanismos claros para que se haga cumplir y que se aporten los medios necesarios para el pleno funcionamiento de la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios), con sanciones para quien la infrinja, con publicidad de quien se salte las normas, con el anonimato del denunciante… y, por otro lado, que sea extensible a las operaciones comerciales y abusivas en Europa con el objetivo de proteger al eslabón más débil en lo referente a las prácticas comerciales desleales que se producen con la entrada en nuestros mercados de productos de terceros países que no cumplen con las exigencias laborales, fitosanitarias, ni medioambientales que nos exigen a los agricultores y ganaderos europeos.

Lo único que pedimos con esta reforma es conseguir una ley útil, que disponga de los mecanismos necesarios para cumplirse, que no pueda ser torpedeada por la Gran Distribución y sea el punto de partida para producir ese cambio de mentalidad en las relaciones comerciales en las que la cadena de valor se construya de abajo a arriba, devolviendo la dignidad al sector productor.