El secretario general de Agricultura, Fernando Miranda, abrió ayer, la ronda de comparecencias en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados con motivo de la incorporación a la normativa española de la Directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria (Directiva 633/2019).

Se trata de la segunda fase de la modificación de la Ley de la Cadena, puesto que el Gobierno ya la reformó a principios de año, introduciendo el establecimiento del precio en la negociación contractual a partir de los costes de producción.

Según ha señalado Miranda, esta nueva reforma va a introducir transformaciones en el ámbito de aplicación de la Ley que se ampliará tanto desde el punto de vista territorial, pues será de aplicación en toda la UE, como desde el punto de vista material, pues se extiende a todos los productos alimentarios, sean transformados o no. Asimismo, se incrementan los supuestos para la obligatoriedad del contrato, preceptivo para relaciones comerciales a partir de 2.500 euros, y se añaden nuevos conceptos a sus contenidos, como las penalizaciones o las excepciones.

Además, se incluyen nuevas prácticas comerciales desleales que actualmente no recoge la normativa española y que, por tanto, van a suponer un avance capital en la lucha contra los elementos más distorsionadores de la cadena agroalimentaria, como la morosidad o los aplazamientos en los pagos o las cancelaciones de pedidos, entre otras.

Habrá novedades también en el aspecto sancionador y la Ley reconoce a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) como la autoridad de ejecución nacional encargada de establecer y desarrollar el régimen de control necesario para comprobar el cumplimiento de la Ley en el ámbito nacional.

Las organizaciones agrarias tuvieron ayer la oportunidad de comparecer ante los diputados para presentarles sus propuestas.

COAG

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) presentó sus 10 propuestas de mejora de la Ley de Cadena Alimentaria:

• Regulación de la “venta a pérdidas” dentro de esta Ley. Esta práctica supone siempre una pérdida de valor para el conjunto de la cadena. Y dada la posición de dominio de la distribución acaba repercutiendo esta pérdida, por activa o por pasiva, sobre otros eslabones hasta el más débil, que es el productor. La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en Octubre del 2017 llevó al gobierno a modificar la LORCOMIN, haciendo inviable la penalización de la venta a pérdidas, capítulo este en el que se ha retrocedido y que se debe volver a afrontar en nuestro país y a nivel de normativa comunitaria.

• Inclusión del canal Horeca en el ámbito regulatorio de esta normativa, ya que tampoco se incluye en el actual Proyecto de Ley.

• Deben ampliarse las funciones del Observatorio de la Cadena y establecer un compromiso firme, en la nueva Ley, para la elaboración de índices de costes que sirvan de referencia objetiva y pública, para la fijación de precios en los contratos de compraventa.

• Del mismo modo deben reconocerse todos los costes de producción, no sólo los costes “efectivos”.

• Puesta en marcha de un Registro oficial electrónico de contratos para poder ejercer un control administrativo por parte de la AICA.

• Consolidar y reforzar el concepto de productos perecederos, para el pago a los 30 días, frente a la pretensión de la Industria de condicionar este pago al destino, en fresco o para transformado del producto.

• Clarificar y reforzar la figura del Mediador de la Cadena, apenas mencionado en una disposición adicional.

• Reforzamiento de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), en dotación económica y personal, para un mejor cumplimiento de sus funciones.

• Reforzamiento del compromiso y coordinación de las Comunidades Autónomas. Una parte importante de las mismas no han ejercido sus competencias, como es el caso del control y sanción de las ventas a pérdida, que se han producido de forma flagrante en los últimos años, particularmente en el sector lácteo, aceite de oliva y frutas y hortalizas.

• Clarificar que los productos importados de países terceros se encuentran incluidos en la aplicación de todo el cuerpo de la Ley, no sólo en lo que respecta a prohibiciones y sanciones.

UPA

Entre las propuestas presentadas por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos UPA), consensuadas además con el resto de organizaciones agrarias representativas de ámbito nacional, destaca el que las asociaciones de operadores puedan presentar denuncias, que se establezca un registro oficial de contratos de compraventa de alimentos o que se adecúen las funciones del Observatorio de la Cadena Alimentaria para dar más transparencia y más justicia a las relaciones entre los eslabones.

UPA insiste también en la necesidad de crear la figura de un mediador que actúe en casos de conflicto entre partes y de desterrar la venta a pérdidas.

Unión de Uniones

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, pidió que se incluyera en la Ley, la definición de posición de dominio, con el fin de determinar cuándo existe una posición dominante del mercado y poder detectar los abusos que se pueden estar dando desde la misma.

También solicitó que se regule la reventa a pérdidas, como ya han hecho en otros países como Francia, con una fórmula objetiva que garantice transparencia y cumplimiento de la normativa.

Asimismo, demandó la necesaria aplicación de una fórmula de costes de producción que estén más cercanos a la realidad, mediante mecanismos oficiales de captación de datos que sean estadísticamente validados mediante su inclusión en el Plan Estadístico Nacional.