El Plan para gestionar la paja del arroz, la estrategia adoptada por la Consellería de Agricultura de la Comunidad Valenciana hace ahora tres años, para ordenar la eliminación de este material vegetal, ha conseguido recortar significativamente los niveles de contaminación atmosférica en el entorno de la Albufera, según se desprende de un informe técnico de dicha Conselleria. Dicho informe compara la evolución registrada por las estaciones de medición en los meses de octubre y noviembre, momento en el que se secan los campos y se hace necesario gestionar la retirada del material.

Los resultados del informe se presentaron el viernes durante la Comisión Interdepartamental de la Gestión de la Paja, el órgano que conjuga los intereses de la actividad agrícola con la de la conservación del humedal, y que se ha reunido por vía telemática para hacer balance de la campaña.

La secretaria autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Paula Tuzón, ha valorado el descenso sustancial desde 2018 de las partículas PM10, muy por debajo de los niveles máximos. «Las mediciones de calidad del aire, que comprenden tres estaciones de control en el entorno del parque, señalan una tendencia continuada en positivo de la calidad ambiental», ha explicado Tuzón. Los gráficos señalan el descenso progresivo, apenas un tercio en 2020 con respecto a 2017, pese a que las quemas de este año se han mantenido en los mismos niveles de los últimos tres años, una pendiente que los técnicos achacan al Plan adoptado.

La Comisión Interdepartamental también ha servido para revisar las actuaciones de emergencia que han permitido revertir los niveles de anoxia del agua, tras el episodio de intensas lluvias de noviembre. Una serie de acciones coordinadas entre el Ayuntamiento de València, la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Conselleria.

Transición Ecológica, a través de la Dirección General de Medio Natural, activó dos contratos de emergencia con la finalidad de «retirar la mayor cantidad de paja acumulada en caminos y acequias». Las tareas de limpieza, retirada y acopio han durado 22 días y han supuesto una inversión directa de 65.000 euros -la dotación inicial de 50.000 euros se amplió a otros 15.000 euros.

En cuanto a los acúmulos de paja restantes, la Administración autonómica remitió cartas a todos los Ayuntamientos en los que se informaba de la conveniencia de fanguear los campos para evitar el aumento la pudrición y su impacto sobre el ecosistema.

El fangueo, de hecho, es uno de los puntos a potenciar de cara al próximo año. La secretaria autonómica ha avanzado que «dentro de seguir tratando la paja como un recurso y teniendo en cuenta las peculiaridades de que este subproducto se encuentra en el marco de un parque natural, abogamos por, mediante el consenso, seguir avanzando hacia un plan que nos permita aportar soluciones ambientales que conduzcan a un plan mucho más específico que sea que capaz de responder a la variabilidad de las condiciones estacionales así como dar cabida a todos los factores que influyen en este proceso».

Multiplica por 8 la recogida

El balance arroja un cómputo de recogida de material vegetal de 2.000 toneladas, el doble que en 2019 y 8 veces más si lo comparamos con el dato de 2017. La Conselleria de Transición Ecológica ha invertido 130.000 euros en estos trabajos de retirada de la paja que se ha destinado principalmente a la alimentación ganadera en 31 explotaciones, al ‘mulching’ (el proceso que reincorpora la paja seca al suelo para mantener la humedad) y al banco de paja Agrò, que recepcionó 200 toneladas.

La quema, que se permite de acuerdo a unas condiciones (zonales, climatológicas, logísticas, medioambientales y sujetas a autorización), se sirve de la aplicación Quepar, elaborada junto con el Centro de Estudios Ambientales (CEAM) que evalúa las condiciones meteorológicas para minimizar el impacto de la quema sobre la calidad del aire, además de inventariar el número de personas agricultoras usuarias de la app móvil.