La Xunta de Galicia presentará un total de 22 alegaciones al proyecto de Real Decreto sobre nutrición de suelos agrícolas, con el fin de adecuarlo a las explotaciones agrícolas gallegas y exige, al mismo tiempo, su aplicación paulatina para no perjudicar al sector. En estas alegaciones se ha tenido en cuenta las aportaciones de las organizaciones agrarias.

El consejero gallego de Medio Rural, José González, ha pedido al Ministerio de Agricultura que tenga en cuenta las particularidades de las explotaciones gallegas en la aplicación de esta norma. Particularidades tales como relieve accidentado, clima atlántico, existencia de numerosos cauces fluviales, mayoría de explotaciones formadas por muchas pequeñas parcelas y especialización en la producción láctea.

Por ello, la Xunta entiende que la reducción de las emisiones de amoniaco y lavado de nitrógeno en suelos agrícolas, atribuidos a la ganadería en general, están sobreestimados en el caso de Galicia, especialmente en el sector vacuno. Además, muchas fincas gallegas cuentan, en muchos casos, con un porcentaje importante de pastoreo en su actividad. Advirtió que, por tanto, su viabilidad podría verse comprometida por la pérdida de ayudas de la PAC, por el incumplimiento de la condicionalidad, y por los propios costes derivados de la aplicación de la norma.

En esta línea, González trasladó que el Ministerio parte de datos incorrectos para realizar los cálculos de emisiones del sector ganadero lechero, ya que no aparece información sobre el tiempo que pasan las vacas y la recría en pastoreo, que es una de las mejores técnicas para reducir las emisiones de amoníaco.

En este contexto, José González pidió “proporcionalidad” en las cargas que impone el borrador y la capacidad contaminante del estiércol (por ejemplo, porcino frente a vacuno), el tamaño de las parcelas (latifundios frente a minifundios), la pendiente media de los prados o la producción total de purines de la explotación. Reclamó además, una discriminación positiva para las explotaciones con producción ecológica, por coherencia con los objetivos del real decreto.

Además, el conselleiro dijo que hace falta tener en cuenta factores como las inversiones que deberán acometer los agricultores y ganaderos, la disponibilidad limitada en la compra de los equipos de aplicación de los purines y el encarecimiento de estos equipos por el aumento de la demanda. Por este motivo, demandó la garantía de líneas de ayudas a las inversiones, que permitan su viabilidad económica.

En relación con este asunto, González recordó que Galicia ya está trabajando en un proyecto de economía circular, que incluye la gestión de los purines excedentarios de las explotaciones y recordó que la Xunta trabaja en la redacción de la futura ley gallega para la gestión integral de las deyecciones ganaderas.

Detalle de las alegaciones

Entre otras, las alegaciones presentadas son:

• Necesidad de aplicar de manera gradual, la prohibición de utilizar productos con sistema de plato, abanico o cañón. Se debería comenzar con las fincas más grandes, que son las que generan mayor volumen de jugo, y terminar con las pequeñas, que tendrían un plazo de dos años para adaptarse. También se debe tener en cuenta el tipo de granjas (y por tanto, el tipo de deyecciones), comenzando por las de porcino y terminando por las de bovinos. No se debería aplicar en parcelas de menos de 1 hectárea o con una pendiente superior al 15%.

• La obligación de que determinadas fincas cuenten con un plan de abonado es demasiado exigente para las fincas pequeñas, por lo que se debe definir un límite de tamaño menor (hectáreas) y eximir del cumplimiento a las explotaciones familiares o venta directa.

• El análisis de suelos propuesto tiene un elevado coste para las explotaciones. Además, el texto habla de parcelas, lo que no es operativo, porque obliga a realizar cientos de análisis en una sola explotación que tiene una gran cantidad de parcelas pequeñas. Se entiende que es mejor hacer los análisis a nivel de finca con base en su área total, por ejemplo.

• Respecto a la obligación de establecer una rotación de cultivos de, al menos, un ciclo de tres años en secano y dos en regadío, es demasiado restrictiva. Se propone fijar 10 hectáreas como superficie mínima total para adoptar estas medidas. Además, los pastos permanentes deben excluirse expresamente de estas rotaciones.