Los gobiernos de Cantabria y del Principado de Asturias mantuvieron ayer un encuentro bilateral para abordar las principales necesidades que afectan a ambas comunidades autónomas en materia de desarrollo rural, ganadería, pesca y alimentación, y han acordado crear un frente común para mejorar la defensa del sector primario en ambos territorios, una posición a la que esperan que se incorporen Galicia y País Vasco, una vez hayan constituido sus respectivos gobiernos autonómico.

La reunión, celebrada en la Casa de Cultura de Val de San Vicente, en Unquera, ha estado presidida por el consejero cántabro del ramo, Guillermo Blanco, y su homólogo asturiano, Alejandro Calvo.

De cara a las negociaciones de la nueva Política Agraria Común (PAC) ambos gobiernos han coincidido en destacar la necesidad de tener en cuenta las especiales singularidades de los territorios de la Cornisa Cantábrica, con una orografía «especial» en la que abundan los pequeños productores y las explotaciones familiares.

Por ello, han apostado por que la PAC prime al profesional genuino, estableciendo el límite de ayudas directas por productor en 60.000 euros y no en los 150.00 euros de ayudas directas actuales que «dejan mucho menos margen para que los pequeños productores tuvieran acceso a esas ayudas», ha precisado Blanco.

El consejero asturiano ha coincidido con Guillermo Blanco en defender la rentabilidad de las explotaciones ganaderas familiares de la Cornisa Cantábrica porque es un modelo que respeta el medio ambiente al que debemos dotar de capacidad suficiente para generar actividad económica por sí mismo.

Ambos han coincidido en continuar con las ayudas de ganado de leche y de carne así como defender al sector de «contratacar» todas las campañas que tratan de desprestigiar la producción y consumo de carne.

También han defendido una estrategia común de consenso para poner en valor el producto de la leche mediante la reivindicación de un precio justo partiendo de los costes de producción como primer eslabón de la cadena alimentaria.

En este sentido, han confiado en que el estudio sobre los costes de producción en el que está trabajando el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación permita saber próximamente el precio justo que se debe pagar por la leche.

También han abogado por reforzar la colaboración de las administraciones con todos los agentes implicados en la cadena alimentaria (productores, industrias, distribuidores y consumidores) para combatir prácticas de competencia desleal como la venta de leche a pérdidas, «que daña a los productores cántabros y merma el prestigio de un producto genético de Cantabria y de Asturias».