Este mes de julio se podría publicar el Decreto catalán de gestión de la fertilización y deyecciones ganaderas y de aprobación del programa de actuación en las zonas vulnerables en relación con la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias. Unió de Pagesos celebra la aprobación de esta normativa que ha tardado muchos años en aprobarse, ya que el primer borrador se presentó en 2014.

Unió de Pagesos pide que se aporten los recursos necesarios para que los agricultores y ganaderos tengan conocimiento de las nuevas obligaciones y para que se implanten eficazmente las nuevas herramientas, como la declaración anual, la trazabilidad de las aplicaciones de deyecciones o el método del balance de nitrógeno a la explotación ganadera.

Asimismo el sindicato propone que la Generalitat establezca, cada año y con preferencia para los agricultores y ganaderos profesionales, medidas de fomento para la implantación y desarrollo de todas y cada una de las obligaciones en la gestión de la fertilización y las deyecciones ganaderas que más allá de lo que establece la normativa de la Unión Europea vigente en cada momento.

UP se queja de que aunque se han incorporado muchas de sus propuestas, hay algunas que pretendían la reducción de costes y trámites, que no han sido recogidas en la versión final. Principalmente, la obligación del uso del GPS, que se utiliza para llevar un control de las parcelas a las que se han aplicado deyecciones, a partir de 5 kilómetros. El sindicato pidió en las enmiendas presentadas al proyecto de decreto limitar su uso a parcelas que estén a más de 10 kilómetros.

El sindicato también considera que en las medidas del decreto no hay suficiente simplificación administrativa y que la declaración anual debería sustituir el libro de gestión. Tampoco está de acuerdo en que no se exceptúe de la obligación de disponer de asesoramiento, en caso de que un familiar colaborador disponga de la titulación necesaria que exceptúa disponer.

Otra de las cuestiones recogidas en el decreto con las que Unió de Pagesos tampoco está de acuerdo es la moratoria establecida en la disposición transitoria primera, que establece que si transcurrido el plazo de un año desde la próxima modificación o ampliación de las zonas vulnerables, el Gobierno no ha revisado el programa de actuación, no se podrán implantar nuevas granjas ni ampliaciones de capacidad que apliquen deyecciones en zonas vulnerables. Para UP es responsabilidad de la Administración cumplir con el plazo de revisión del programa y el decreto ya limita a pocos supuestos los casos en que se pueden implantar nuevas explotaciones o ampliar la capacidad en zona vulnerable.