El 12 de julio, la AREFLH (Asamblea de las Regiones Hortofrutícolas Europeas) organizó una reunión de su Colegio de Regiones, a la que también asistieron representantes de la AREPO (Asociación de Regiones Europeas de Productos de Origen), con el objetivo de definir una posición común frente a las propuestas legislativas de la Comisión Europea sobre el futuro de la PAC después de 2020 y el Marco Financiero Plurianual (MFP) para el período 2021-2027.

Ambas redes regionales expresaron su creciente preocupación por los recortes previstos por la Comisión en el presupuesto agrícola, en particular para el segundo pilar, que parece contrastar plenamente con su objetivo de lograr zonas rurales sostenibles, desarrolladas, dinámicas y dirigidas por los jóvenes. Esto significa que se espera que la futura PAC amplíe su ámbito de aplicación y alcance tanto los objetivos antiguos como los nuevos con un presupuesto desproporcionadamente reducido. Se trata de un principio inaceptable que puede poner en peligro el futuro de la agricultura de la UE, la organización común de mercados y las zonas rurales. En opinión de AREFLH y AREPO, una PAC fuerte, competitiva y sostenible, con normas comunes y sencillas en toda la UE, sólo puede lograrse a través de un presupuesto agrícola fuerte.

En los últimos meses, AREFLH y AREPO han abogado firmemente por una futura PAC que mantenga una relación directa con el territorio rural a través del papel activo de las regiones de la UE, que desempeñan un papel crucial a la hora de definir y aplicar políticas agrícolas y de desarrollo rural a nivel local. Sin embargo, en su forma actual, la propuesta de la PAC tiende a marginar o incluso a amenazar el papel y la autonomía de las regiones europeas en la gestión de la PAC, otorgándoles la mera tarea de aplicar las medidas establecidas a nivel nacional. En este escenario, las entidades regionales, que en muchos países de la UE ejercen importantes funciones legislativas en el sector agrícola, estarían llamadas a desempeñar el papel marginal de un «órgano intermedio».

Por consiguiente, la aplicación de este esquema organizativo al FEADER podría disolver la riqueza de la experiencia de gestión adquirida a lo largo de los años en muchas regiones europeas, en un momento en el que las distintas realidades están trabajando para construir formas de «autonomía reforzada», generando así la imposibilidad de definir el desarrollo de los sistemas territoriales y de captar sus especificidades locales. Por esta razón, la plena aplicación del principio de subsidiariedad propuesto a nivel de la UE no debería aplicarse sólo a nivel de los Estados miembros, sino también a nivel de la administración más adecuada para aplicar con éxito las diferentes políticas.

Por lo tanto, AREFLH y AREPO se unen para reafirmar la necesidad de salvaguardar el papel central de las Regiones europeas en la definición y aplicación de las políticas de desarrollo agrícola y rural y de aumentar su papel en los procesos de toma de decisiones de la UE.

La Sra. Simona Caselli, Presidenta de la AREFLH y la Sra. Theano Vrentzou-Skordalaki, Presidenta y Vicegobernadora de la AREPO de Creta, saludaron el resultado de su colaboración y destacaron que esta iniciativa común refuerza la voz de las Regiones europeas y debería ampliarse a otras redes regionales que se ocupan de la agricultura y el desarrollo rural.

Además, Caselli destacó la «necesidad de que el presupuesto de la PAC no se reduzca si queremos responder a los retos del futuro a través de una agricultura sostenible y de calidad que pueda garantizar la seguridad alimentaria para los consumidores y una renta adecuada para los agricultores».

La Sra. Vrentzou-Skordalaki declaró que «la futura PAC debería reafirmar y respetar el principio de gestión compartida de los Fondos Estructurales europeos y el principio de subsidiariedad. Los objetivos de la PAC sólo pueden alcanzarse mediante la regionalización de la mayor parte de los instrumentos de la PAC, respetando la distribución de competencias dentro de cada Estado miembro, especialmente en términos de competencias jurídicas de las regiones de la UE al aplicar la política».