La propuesta de PAC post 2020 se presentó oficialmente en Bruselas el pasado viernes y ayer hubo una presentación para la prensa en la oficinas de la Representación Permanente de la  Comisión Europea en  Madrid, a la que Agrodigital.com tuvo la oportunidad de asistir y en donde  se avanzaron algunas nuevas informaciones, que complementa lo que publicamos ayer.

Como ya hemos comentado, una de las grandes novedades de esta propuesta es que la Comisión Europea no propone normas ni requisitos que los productores tienen que cumplir para optar a las ayudas, sino que deja que cada estado miembro elabore su propio plan estratégico para 2020-27, adaptado a cada zona, y en donde sean los Estados miembros lo que establezcan las medidas a cumplir. Eso si, los planes tendrá que alcanzar unos objetivos, propuestos por la Comisión Europea y que son comunes para todos los países. Esto es lo que se ha dado en llamar un nuevo modelo de gobernanza.

Una cuestión muy importante es que el cumplimiento de los objetivos no es a nivel de cada productor sino a nivel del plan en su conjunto, según han indicado fuentes comunitarias. El productor tendrá que cumplir las normas que establezca cada Estado. Cada año, cada país tendrá que presentar a la Comisión un informe con el grado de cumplimiento de los objetivos que ha alcanzado su plan. Si ésta no está satisfecha, propondrá ajustes en el plan, pero no penalizaciones. Solo en el caso de incumplimientos sucesivos se podría llegar a correcciones financieras, según fuentes comunitarias. La idea es que impere un partenariado bien avenido entre Comisión y Estados miembros para lograr los objetivos.

Dentro de los planes estratégicos, los Estado miembro tienen la oportunidad de detraer hasta un 3%  de su sobre de los pagos directos para poner en marcha programas sectoriales, como ya funcionan para algunos países en frutas y hortalizas, vino y aceite de oliva.

Otra novedad es que el pago verde (greening) desaparece como tal y se integra en el pago básico, que va a contar con una condicionalidad reforzada, es decir, más estricta medioambientalmente hablando. Además de las actuales, habría nuevas normas que habría que cumplir como planes de gestión de suelos, las nuevas normas de agua, las nueva normas sobre pesticidas, el mantenimiento de los pastos, entre otras.

Los pagos asociados se mantienen en la propuesta. Como novedades se amplían a cultivos no alimentarios los sectores que se pueden beneficiar de los mismos. Asimismo, se reduce del 13% actual al 10% de la propuesta, el porcentaje máximo que se puede detraer de los pagos directos para destinarlos a estos pagos. No obstante, se podría destinar un 2% adicional para el apoyo a las proteaginosas. Además, otra novedad, es que el pago asociado puede no destinarse a un sector en su conjunto sino solo a un tipo de productores que obtengan el producto con una determinada característica o calidad.

Otra primicia  es en relación con la Reserva de Crisis. Esta continuaría, pero el año 0 se partiría de 430 millones de euros que no procederían de una reducción de  los pagos directos (disciplina financiera). Cuando ese dinero se gastara en parte o totalmente, la parte consumida se repondría a partir de una reducción de los pagos en el año siguiente.

Aunque para muchos, la mujer rural es la gran olvidada de esta propuesta, fuentes de la Comisión señalan lo contrario, porque dicen que la mujer rural está presente en todo el texto de la propuesta, ya que los agricultores pueden ser hombres o mujeres.

En este contexto de reducción presupuestaria, los programas de promoción consiguen mantener su presupuesto.

La Comisión Europea ha presentado su nueva propuesta como un modelo de simplificación, pero aparentemente parece que esta simplificación solo llegue a nivel de la Comisión,  que solo tendría que controlar el cumplimiento de objetivos. No parece que a nivel de los Estados miembros (que tienen que establecer las medidas a cumplir) y de los productores (que tienen que cumplirlas) vaya a haber mucha simplificación. Fuentes de la Comisión señalan que la simplificación va a beneficiar a todos, ya que el que no existan normas comunitarios sino solo nacionales, no deja de ser una importante simplificación.