UPA Andalucía no ha querido dejar pasar la oportunidad que le brinda la visita de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) a Andalucía para trasladar el posicionamiento de la organización respecto a la Ley de Cadena Alimentaria, y los principales cambios que esta debe acometer en el corto plazo.

La AICA inicia hoy una ronda de presentaciones en las Comunidades Autónomas, siendo la piedra de toque nuestra región, para dar a conocer las actuaciones que lleva a cabo en el control de la ley. Debemos recordar que la Agencia es un organismo dependiente del Ministerio de Agricultura que supervisa y vela por unas relaciones comerciales justas entre agricultores y ganaderos, industrias de la alimentación y empresas de distribución del sector agroalimentario.

Desde UPA Andalucía apuntan que, “a partir de datos suministrados por la AICA, de las 573 sanciones que se impusieron a lo largo de 2017, tres cuartas partes han ido dirigidas a la industria alimentaria y a la distribución, lo que deja patente los abusos de su posición de dominio al que someten a agricultores y ganaderos, y las prácticas poco éticas que llevan a cabo habitualmente con fines lucrativo y que rebasan sin escrúpulos la frontera de la legalidad”.

Es una reivindicación ya histórica de UPA Andalucía la lucha contra estas malas prácticas tales como la venta a pérdidas y el uso de productos reclamo, y han querido trasladar su preocupación por que se sigan banalizando productos agrarios de calidad como el aceite, la leche y recientemente la fresa entre otros, vitales para la economía andaluza, que generan mucho empleo y mantienen vivos los pueblos en nuestra comunidad.

En base a todas estas cuestiones, UPA Andalucía ha demandado a la AICA que se lleve a cabo “un seguimiento más exhaustivo mediante inspecciones a la industria y distribución, pero sobre todo, que se impongan sanciones más contundentes y ejemplarizantes con carácter disuasorio y para que no les siga ‘saliendo rentable’ perpetrar estas malas prácticas que tanto daño están haciendo al sector agrario”, indican desde la organización.

Por otro lado, UPA Andalucía insta al Ministerio a que haga un ejercicio de reflexión sobre si realmente la ley está o no cumpliendo con su función, ya que en palabras de la organización agraria “no la cumple en absoluto”. La ley “debe acometer reformas y orientarla a la filosofía o pensamiento que nos llega desde nuestro vecino francés”, reclaman desde la organización.

Y es que hay que recordar que se aprobó recientemente en Francia el pasado 31 de enero un ambicioso proyecto de ley de reforma del sector agroalimentario con el que se persiguen dos propósitos fundamentales: remunerar mejor a los agricultores y combatir las ofertas abusivas de las grandes superficies. Si se consuma definitivamente la aprobación de la ley -muy cerca de producirse según informan desde UPA-, a partir de ese momento sería el sector productor el encargado de fijar los precios y no al contrario como ocurre ahora, y se tendría en cuenta sus costes de producción efectivos; y del mismo modo, las promociones de la gran distribución serían controladas a partir de ese instante por un decreto. “No estaría mal que Francia fuese el espejo en el que España se deba mirar, un país más comprometido, proteccionista y solidario con su sector agrario que el nuestro”, critican desde UPA Andalucía.

Mientras todo esto ocurre, el sector agrario siguen soportando la guerra de precios, el empobrecimiento de productores y su debilidad en la negociación. Desde la organización indican que “no cesaremos en nuestro empeño y continuaremos presentando propuestas, medidas e intentando llegar a consensos para lograr prohibir definitivamente las prácticas perjudiciales que no aporten valor a la cadena y sobre todo que sean nocivas con el eslabón más débil que no es otro que el de los agricultores y ganaderos”, concluyen desde UPA.