Foto: AVA-ASAJA

La ley para la protección de la huerta de València, aprobada ayer por Les Corts Valencianes, si bien introduce algunos de los cambios reclamados por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), continúa sin ofrecer suficientes garantías a los productores agrarios y sigue resultando demasiado intervencionista en su concepción, al tiempo que deja sin resolver muchas incógnitas en aspectos básicos que atañen a la gestión de las explotaciones.

En primer lugar, AVA-ASAJA lamenta que el texto legislativo nazca sin presupuesto, lo cual impide conocer y concretar la ambición y el alcance real de un proyecto que si no se dota de los fondos necesarios podría verse reducido a una mera declaración de intenciones o a un simple brindis al sol. La ley incluye, además, no pocas restricciones y limitaciones para la actividad agrícola y, en este sentido, adolece de una voluntad excesivamente intervencionista al arrogarse competencias en la gestión de las parcelas que deberían corresponder por entero a los agricultores. Sobre este punto, el proyecto genera múltiples dudas y no termina ni de aclarar ni de resolver asuntos tan cruciales como la posibilidad de realizar cambios de cultivo, la construcción o ampliación de edificaciones agrarias: invernaderos o lavaderos de chufa, las actuaciones sobre los llamados «enclaves de recuperación» o la concreción de quiénes serán los posibles beneficiarios de las ayudas que puedan ponerse en marcha.

No obstante, y a pesar de que las carencias apuntadas no permitan realizar una valoración de la ley en términos positivos, AVA-ASAJA reconoce que determinados aspectos que resultaban especialmente lesivos para los intereses de los agricultores han sido eliminados o modificados atendiendo las peticiones formuladas al respecto por esta organización agraria. El primer borrador que se presentó de esta ley motivó duras y fundamentadas críticas por parte de esta entidad. El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, reclamó incluso la intervención del jefe del Consell, Ximo Puig, para que recondujese una situación que estaba causando un profundo malestar entre los agricultores de l´Horta y que amenazaba con irse de las manos.

«Tengo que reconocer -explica Cristóbal Aguado- que la Generalitat nos escuchó y se sentó a negociar con nosotros y ese cambio de actitud se ha plasmado en una serie de mejoras que afectan a algunos puntos conflictivos». En concreto, el dirigente agrario se refiere a que el concepto de «pérdida de rentabilidad» se ha introducido como excepción a la hora de que una parcela pueda ser catalogada como «suelo agrario infrautilizado», a que entre los objetivos de la ley se hayan incorporado la defensa de los valores agrarios y la necesidad de promover la rentabilidad y la viabilidad de las explotaciones, así como que el texto aluda, entre los compromisos de los deberes públicos, a la protección de la actividad agraria mediante medidas incentivadoras dirigidas a mejorar su rentabilidad.

Otra cuestión no menos importante es la entrada en escena de la conselleria de Agricultura, que se encargará del diseño del futuro plan agrario de la huerta, cuando hasta ahora y sorprendentemente, la única conselleria que había participado en la elaboración de una ley de tanta envergadura y con tantas implicaciones sociales y económicas había sido la conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. También se ha recogido la petición de AVA-ASAJA para que el plan de acción territorial y el plan agrario se presenten de manera conjunta y al mismo tiempo junto a la dotación presupuestaria correspondiente.

«Se han dado un plazo de nueve meses -apunta Cristóbal Aguado- para preparar estos planes y terminar de concretar así muchos aspectos legislativos que nos siguen generando inquietud y preocupación. Pero aún queda mucho partido por jugar y hasta que no concluya no podemos hacer una valoración definitiva sobre un proyecto que a fecha de hoy carece de presupuesto, sigue sin ofrecer garantías a los agricultores, peca de intervencionista y deja en el aire muchas incógnitas por despejar».

El presidente de AVA-ASAJA agrega al respecto que «en la elaboración de esta ley ha faltado consenso y creo que su gestación podría haberse acometido de otra manera, con más tiempo, con más reflexión y, sobre todo, con más consenso social y político».