El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
ha aprobado el anteproyecto de Ley de Agricultura y Ganadería de
Andalucía, que marcará las directrices de un sector que supone el 8% del
Producto Interior Bruto, el 10% del empleo de la comunidad y más de la tercera
parte del total de sus exportaciones. La norma promoverá mejoras para favorecer
el trabajo, la integración social, la igualdad entre hombres y mujeres, el
relevo generacional, la competitividad, la innovación y el desarrollo de las
zonas rurales, así como para reducir el impacto ambiental y contribuir a la
mitigación de los efectos del cambio climático.

Entre otras novedades, el texto incluye disposiciones contra las
prácticas comerciales abusivas; un régimen de protección del uso agrario en las
zonas donde esta actividad es relevante por su función social o ambiental; el
reconocimiento de los profesionales a través del Estatuto de las Personas
Agricultoras y Ganaderas, y la introducción de medidas de aprovechamiento de
excedentes alimentarios para fines sociales, obligando a industrias y
establecimientos a su donación o reutilización.

Para contribuir a evitar las prácticas abusivas, el anteproyecto
incrementa las competencias de control y sanción relacionadas con la cadena
agroalimentaria. Por un lado, fija como infracción muy grave la compra de
productos perecederos por debajo del coste de producción que pueda realizar un
operador –mayorista o cadena de distribución– abusando de su posición dominante.
Esta práctica de “venta a pérdida”, hasta ahora sólo sancionada en el ámbito del
comercio pero no en el origen, tendrá multas de entre 50.001 y 800.000 euros,
que podrán incrementarse si el beneficio obtenido o el perjuicio causado supera
estas cifras.

Por otro lado, se incorporan controles para comprobar si las
características de un producto vendido por debajo de su precio de mercado se
corresponden con lo reflejado en la etiqueta y se ajustan a la normativa
vigente. En el caso negativo, a partir de ahora la responsabilidad recaerá,
además de en el vendedor, en el operador.

Como infracciones muy graves se tipifican también las amenazas y
agresiones a los empleados públicos encargados de las inspecciones, que por
primera vez tendrán consideración de agente de la autoridad en el ejercicio de
sus funciones.

El anteproyecto de ley abre la posibilidad de que, en casos de
riesgo o daño para los intereses económicos del sector agroalimentario y de
infracciones graves o muy graves, se publique un listado de sanciones y de
infractores y marcas comerciales.

En la misma línea, se prevé la creación del Foro de la Cadena
Agroalimentaria, que estará integrado por representantes de los sectores
productor, transformador, comercializador y de la distribución. Este órgano de
participación y asesoramiento se encargará, entre otras funciones, de elaborar
códigos de buenas prácticas sobre la materia.

Reconocimiento
profesional 

 

Otra de las novedades del anteproyecto es la elaboración del
Estatuto de las Personas Agricultoras y Empresarias Agroindustriales, que
incidirá en el reconocimiento social y legal de los profesionales del sector
como generadores de empleo y riqueza y protagonistas de la defensa del
patrimonio natural. Este documento establecerá deberes como los de no
infrautilizar el suelo agrario, gestionar adecuadamente los residuos y llevar a
cabo las buenas prácticas en todas las explotaciones, no sólo en las receptoras
de ayudas de la Unión Europea.

La interlocución con el sector se reforzará a través de la
creación de dos nuevos órganos: el Consejo Asesor Agrario de Andalucía,
integrado por las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) y la federación
de cooperativas agroalimentarias más representativas, y el Consejo
Agroalimentario Andaluz, en el que además de las OPAS y cooperativas, estarán
sindicatos y organizaciones empresariales, ambientales y de trabajo autónomo,
distribución, consumidores y mujeres.

En el capítulo de seguridad y calidad agroalimentaria, los
productos deberán llevar un documento de acompañamiento durante su transporte,
emitido por explotaciones y empresas para facilitar su seguimiento y control de
trazabilidad, así como para contribuir a evitar robos y fraude. Además, los
operadores estarán legalmente obligados a comunicar todos aquellos fraudes,
falsificaciones y adulteraciones que detecten, así como a retirar del mercado
los productos que no cumplan con la normativa en materia de calidad.

Para agilizar la actuación en situaciones de alarma o emergencia
de sanidad vegetal, animal o con riesgo para la salud pública, se establece un
nuevo protocolo que incluye desde la adquisición urgente de vacunas para
prevención de enfermedades hasta la contratación rápida de personal laboral
temporal.

En relación con la función social de la cadena alimentaria, la
futura ley será pionera en España al sentar las bases de los reglamentos que
obligarán a superficies comerciales, industrias agroalimentarias y otros
establecimientos a recuperar y entregar el excedente a organizaciones
humanitarias para su distribución, o bien destinarlo a compostaje u otros tipos
de reutilización e integración en procesos de economía circular. Asimismo, las
industrias deberán elaborar planes para reducir los desechos alimentarios.

La futura ley contará con instrumentos como la Declaración de
Zona de Protección Agraria, una figura de ordenación del territorio orientada a
la preservación de espacios donde la actividad tenga una gran relevancia
ambiental o social.

Explotaciones 

 

El texto define un amplio grupo de explotaciones de atención
preferente para la aplicación de incentivos. Además de las consideradas
actualmente como prioritarias, se incluyen las familiares que cumplan
determinados requisitos (por ejemplo, que sean de mujeres o jóvenes, de
producción ecológica o estén en zonas protegidas) y las de reducidas dimensiones
pero orientadas a la gestión en común.

Asimismo, se regula la figura de los Planes de Ordenación de
Explotaciones para el desarrollo de obras de mejora conjuntas tanto de
infraestructuras físicas como de aprovechamiento de recursos. En el caso de
proyectos públicos de especial relevancia, se prevé la declaración de
actuaciones agrarias de interés autonómico. Estas intervenciones no estarán
sometidas a licencia urbanística ni a otros actos de control preventivo que
establecen las administraciones locales.

En cuanto a las tierras de titularidad pública autonómica, el
proyecto prevé su posible enajenación y establece un procedimiento general para
garantizar la igualdad, concurrencia y publicidad en la adjudicación,
priorizando el acceso a personas jóvenes, desempleados agrarios,
administraciones locales y entidades sin ánimo de lucro con proyectos de
economía social. Actualmente, la Junta dispone de unas 5.000 hectáreas.

Otra de las novedades es la creación del Registro de
Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía, que contribuirá a mejorar la
seguridad alimentaria y la sanidad animal y vegetal, así como a luchar contra el
fraude.

El anteproyecto dispone también la elaboración de la Estrategia
para el Conocimiento, Investigación, Desarrollo e Innovación del Sector Agrario
y Agroalimentario, y la creación del Foro Andaluz de Innovación Agroalimentaria
como órgano de participación y asesoramiento.

Finalmente, el texto modificará la Ley de la Calidad
Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía, para que la Administración autonómica
pueda intervenir en los Consejos Reguladores en casos graves o reiterados de
incumplimiento de sus funciones, y la Ley de Organizaciones Interprofesionales
Agroalimentarias, con el objetivo de incluir a la distribución comercial en
estas entidades.

El sector agrario andaluz, con más de 240.000 explotaciones,
contribuye al PIB andaluz con más de 9.200 millones de euros de valor añadido y
250.000 trabajadores. Destaca la industria agroalimentaria, con más de 5.500
empresas que acaparan el 27,3% del empleo y el 29,8% de valor añadido del sector
industrial manufacturero en la comunidad autónoma (datos de 2015). Aceites,
frutas, hortalizas, bebidas alcohólicas, carnes y leches son sus principales
productos.

La agroindustria andaluza es, tras la catalana, la segunda más
importante de España en términos de valor añadido. Lidera el ‘ranking’ nacional
en número de empresas y constituye el motor económico de numerosas comarcas
rurales. Sus ventas al extranjero, más de 8.872 millones de euros anuales,
suponen uno de los principales capítulos del comercio exterior de la comunidad.