Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, la Comisión Europea no dispone actualmente de suficiente información para evaluar adecuadamente si las normas de condicionalidad de la política agrícola común son eficaces. Los auditores constataron que los indicadores de resultados solo ofrecían una imagen parcial, los procedimientos seguían siendo complejos y la Comisión no contaba con unas estimaciones de costes fiables.

La condicionalidad vincula los pagos de subvenciones agrícolas al cumplimiento por parte de los agricultores de normas medioambientales y de otro tipo. Los auditores examinaron si los sistemas de gestión y control de la condicionalidad eran eficaces y si admitían una mayor simplificación. Llevaron a cabo dos encuestas entre los organismos pagadores y a los organismos de asesoramiento agrario y visitaron tres Estados miembros: Alemania (Schleswig-Holstein), España (Cataluña), y Reino Unido (Irlanda del Norte).

Los auditores llegaron a la conclusión de que la información disponible no permitió a la Comisión evaluar adecuadamente la eficacia de la condicionalidad y señalaron que pese a los cambios en la política agrícola común (PAC) en el período 2014–2020, los sistemas de gestión y control de la condicionalidad podrían simplificarse más.

En palabras de Nikolaos Milionis, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe, «las normas de condicionalidad se aplican a 7,5 millones de agricultores, pero actualmente la Comisión no puede garantizar si el sistema está contribuyendo a una agricultura más sostenible y respetuosa del medio ambiente en la UE».

Los auditores constataron que los indicadores de resultados utilizados por la Comisión solo daban una imagen parcial de la eficacia de la condicionalidad, ya que no tenían en cuenta el grado de incumplimiento de las normas por parte de los agricultores. Además, la Comisión no analizó las razones de las infracciones ni el modo de abordarlas.

Los cambios de la PAC en el período 2014-2020 han reducido efectivamente el número de obligaciones de condicionalidad para los agricultores al suprimir requisitos que no son suficientemente pertinentes para la actividad agrícola, pero los procedimientos siguen siendo complejos. Las medidas de simplificación, como el régimen de pequeños agricultores, tienen que garantizar un equilibrio con la necesidad de lograr los objetivos de condicionalidad.

Las prácticas agrícolas sujetas al pago de ecologización presentan similitudes con las anteriores normas sobre «buenas condiciones agrarias y medioambientales». Por tanto, según los auditores, existen actualmente dos conjuntos de prácticas agrícolas complementarios orientados a los mismos objetivos: el mantenimiento de las tierras y la protección de la biodiversidad. Pese a sus similaridades, el cumplimiento de las normas se verifica en dos sistemas de control, lo que puede dar lugar a ineficiencias en los sistemas y a una mayor burocracia.

Los auditores señalan que los costes de aplicación de la condicionalidad no están suficientemente cuantificados. Mientras la Comisión no cuente con una estimación fiable de los costes globales de la condicionalidad, no podrá garantizar que el sistema es rentable.

También constataron que el sistema de sanciones no garantizaba una base armonizada suficiente para calcular las sanciones administrativas que debían imponerse a los agricultores en la UE que no cumplieran las normas. La aplicación de los factores de gravedad, alcance, duración e intencionalidad para casos similares variaba significativamente entre Estados miembros.

El Tribunal recomienda que la Comisión:

– siga desarrollando sus indicadores para evaluar el rendimiento y el cumplimiento;

– mejore el intercambio de informaciónsobre los incumplimientos entre sus servicios y tome las medidas adecuadas para subsanarlos;

– proponga adaptar las normas aplicables a los controles para permitir centrarse de forma eficaz en los puntos de control fundamentales;

– promueva sinergias entre los dos sistemas que funcionan con objetivos medioambientales similares;

– desarrolle una metodología para medir los costes de la condicionalidad antes del final de 2018;

– fomente una aplicación más uniforme de las sanciones en la UE a partir de 2020.

Fuente: Tribunal de Cuentas