300 agricultores y ganaderos afiliados a UPA-UCE acudieron el viernes a la sede de esta organización en Mérida a una asamblea “extraordinaria y espontánea” para analizar las acusaciones realizadas por la Guardia Civil, que la organización ha calificado de “falsas”.

“No nos avergonzamos. Esta es nuestra organización y nos sentimos orgullosos de ella”, han exclamado los afiliados y representantes de UPA, que han mostrado su solidaridad con sus compañeros que siguen detenidos e incomunicados más de 50 horas después de su detención. Además han exigido su “liberación inmediata”.

UPA ha explicado que todos los servicios de asesoramiento a agricultores efectivamente se prestaron entre 2013 y 2015, y no sólo por parte de UPA-UCE, sino por parte de muchas otras entidades. Expedientes que fueron entregados en la Consejería de Agricultura durante los mandatos de PP y PSOE al frente de la Junta de Extremadura.

Varios de los agricultores que fueron asesorados por UPA en ese periodo se han mostrado dispuestos a “declarar donde haga falta” y demostrar que todos los trabajos se realizaron, trabajos por los que la organización “lógicamente cobró por el servicio prestado”, han señalado.