UAGA-COAG considera un disparate aumentar el caudal ecológico del río Ebro para movilizar los sedimentos de Mequinenza

Ante la presentación de la llamada “CAMPANYA PELS SEDIMENTS” en la que se pide la elaboración de un “Plan de Gestión Integral de los Sedimentos de la Cuenca del Ebro” y la aprobación de un Plan integral de protección del Delta del Ebro, así como diferentes medidas hidrológicas en la cuenca, UAGA considera que la previsión del PHC de 108 m3/seg. es suficiente para garantizar el arrastre de sedimentos hacia el Delta. Aumentar dicha previsión a 186 m3/seg es irreal

El caudal ecológico en la desembocadura del río Ebro se mantiene gracias a la regulación del embalse de Mequinenza, con caudales en la actualidad de 80-150 m3/sg. Un 23% de la aportación media natural, caudal un 120% superior al caudal ambiental del Duero, 800% superior al del Tajo y muy superior a la suma de todos los caudales ambientales de los ríos peninsulares.

Ante la reclamación de caudales ambientales desproporcionados en el Delta del Ebro, UAGA quiere manifestar que:

– Se opone a la utilización política de los caudales del Ebro y a cualquier intento de convertir el agua en un elemento de confrontación para incrementar las tensiones territoriales.
– Denuncia el proceso de “soberanización” del agua del Ebro camuflado de objetivos medioambientales, cuyo objetivo final es la acaparación de recursos en un escenario rupturista que antepone los intereses del tramo final de Ebro al equilibrio entre todos los agentes implicados.
– Defiende el actual modelo de implantación de los caudales ecológicos, de carácter progresivo y fruto del riguroso análisis técnico y jurídico. Respetando los derechos concesionales del agua y desde un criterio de corresponsabilidad interterritorial.
– Advierte que en ningún momento permitirá la utilización de las herramientas de planificación hidrológica contra los legítimos intereses de los usuarios avalados por el régimen concesional

UAGA defiende la unidad de gestión en la cuenca del Ebro, la utilización del agua para el progreso, siempre garantizando su buen uso, la racionalización de la gestión de los recursos hídricos en el territorio por el que circulan sus aguas, atendiendo a los legítimos intereses de todos sus habitantes y usuarios.