La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG)
considera que las cifras récord en el valor de la producción agraria en 2016
(46.487 millones €) se ven empañadas por la caída generalizada de los precios,
-3,2% en cultivos agrícolas y -4,6% en sectores ganaderos. Por sectores,
destacan los descensos en

plantas forrajeras (-11,9%), hortalizas (-10,9%), cereales
(-10,9%), aceite de oliva (-5,1%) y plantas industriales (-3,7%). En ganadería,
2016 deja una caída generalizada en todos los sectores: huevos (-14,2%), aves
(-12,7%), leche (-5,4%), ovino-caprino (-5,0%), porcino (-1,3%) y vacuno
(-0,4%).

Según la 1ª estimación de la renta agraria publicada por el
MAPAMA, la Renta Agraria total en términos reales durante el año 2016 ha
experimentado un ascenso del 4,3% respecto a 2015, un 5,1% en términos
corrientes. “Es un dato engañoso porque el aumento es consecuencia directa de
una mayor producción y no tanto por unos mejores precios percibidos por el
agricultor”, ha subrayado Miguel Blanco, Secretario General de COAG.
En este sentido, destaca especialmente el aumento en la cantidad producida de
aceite de oliva (69,9%), cereales (18,1%), plantas industriales (17,8%), plantas
forrajeras (5,0%), hortalizas (1,9%), vino y mosto (0,3%).

A pesar de la tendencia
alcista, desde 2003 ((año de la reforma de la PAC), el sector agrario se ha
dejado por el camino el 21% de su renta.

Evolución de la renta agraria en términos
reales (2003 – 2016)

Fuente:
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Elaboración
propia

Como datos positivos, cabe destacar que por primera vez en la
última década aumentan los activos agrarios (+1,6%) y desciende ligeramente
(-3,4%) el precio de los principales insumos (semillas/plantas de vivero,
energía, fertilizantes, fitosanitarios, alimentos para el ganado, gastos
veterinarios, etc…).

Prioridades agrarias para 2017

–         
La renovación de
la actual Ley 19/95 de Modernización de Explotaciones a través del
Estatuto de la Agricultura Social y Profesional. Se ha conseguido
uno de los principales objetivos de la Ley 19/95, como es el incremento de la
dimensión económica de las explotaciones agrarias, tanto a través del incremento
de superficie como de la productividad, pero, desgraciadamente, se ha fracasado
a la hora de mejorar la viabilidad económica de las mismas y por tanto la renta
de los agricultores y ganaderos.

–         
El creciente
envejecimiento del sector agrario evidencia la urgencia y necesidad de una
ambiciosa política de relevo generacional en el conjunto del Estado. En ese
sentido, desde COAG se estima necesario priorizar la medida de apoyo a la
instalación de agricultores jóvenes.

–         
Creación del
Observatorio de costes y mercados de insumos para aumentar la
vigilancia de los oligopolios que controlan los insumos del sector:
energía, fertilizantes, piensos, semillas, etc. y evitar así la especulación y
los costes injustificadamente elevados para los agricultores y ganaderos.

–         
Desde COAG se 
propone mejoras de la Ley de Cadena Alimentaria, tales como el
aumento y optimización de los recursos de la Agencia de Información y Control
Alimentarios (AICA), la extensión de los contratos obligatorios al conjunto de
las operaciones en la cadena, la introducción de la “venta a pérdidas” como
práctica comercial abusiva sancionable, la ampliación de la figura del mediador
y la prohibición de las campañas de promoción basadas en el regalo de alimentos
básicos (productos primarios o productos envasados como leche o aceite de oliva)
para no inducir a error sobre el precio y valor real de dichos productos.

–         
Por su parte, el
seguro agrario debe ser una estrategia fundamental de
mantenimiento de rentas ante el entorno económico actual tan volátil y por el
esperable aumento de los riesgos para la agricultura ocasionado por los efectos
del cambio climático. En ese sentido, se reclama un incremento de la partida
presupuestaria estatal destinada al seguro agrario al menos hasta los
niveles de 2007-2011, para reducir el coste de las pólizas y contribuir a la
universalización del seguro.

–         
Proceso de
negociaciones de la nueva PAC 2020.
El
Ministerio de Agricultura debe trabajar en Bruselas por una nueva orientación de
la Política Agraria Común más social y profesional, que acabe con “verdeos” de
escaparate y priorice los apoyos a los verdaderos profesionales agrarios, que
trabajan directamente en su explotación y generan desarrollo económico y
bienestar social en el medio rural.

–         
Rechazo
al  Acuerdo Trasatlántico  de  Comercio  e  Inversión  entre  la  UE  y  EEUU (TTIP).
El TTIP es una amenaza para el modelo europeo de agricultura y alimentación,
basado en la calidad, la sostenibilidad y la diversidad.

–         
Impulso a
la transformación digital y el big data en el campo.
Las explotaciones agrarias deben prepararse para una irrupción tecnológica nunca
vista y ello nos preocupa tres aspectos críticos: el relevo generacional, la
privacidad y uso de los datos de las explotaciones y la formación del capital
humano.