La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, aseguró ayer que la promulgación de la Ley de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria y el conjunto de sus instrumentos ha supuesto un avance sin precedentes en las relaciones entre los operadores.

Según ha recalcado la Ministra, se trata de un hito histórico para el sector agroalimentario español, y por tanto, para la economía nacional. Por primera vez en España se ha procedido a regular las relaciones comerciales entre las empresas que forman parte de la cadena alimentaria, con el respaldo de las organizaciones agrarias, la industria alimentaria y una parte importante de las empresas de la distribución.

En respuesta a una pregunta del senador Diego Sánchez Duque, García Tejerina ha señalado que en el año 2012 eran muy frecuentes las transacciones en las que el productor entregaba su cosecha sin garantía sobre la cuantía del precio ni del plazo de cobro, situaciones que perjudicaban a los agricultores y ganaderos españoles.

Para corregir esta situación, el Gobierno impulsó la ley de la cadena alimentaria, que ha establecido el marco para unas relaciones comerciales de mayor equidad, con sistemas de control, seguimiento y vigilancia que permiten identificar, corregir y sancionar los problemas que se pudieran producir.

AICA

En concreto, García Tejerina ha indicado que la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) es el organismo creado para garantizar el cumplimiento de esta ley, para lo que realiza inspecciones de oficio, investiga denuncias e inicia e instruye expedientes sancionadores. “Desde 2013, el sector tiene dónde denunciar, tiene quien defienda sus legítimos intereses”, ha subrayado.

Así, desde 2014 AICA ha llevado a cabo 1.748 inspecciones de oficio (541 en el año 2016). Asimismo, ha recibido y tramitado desde entonces 149 denuncias (53 en 2016), de las que 98 corresponden a posibles incumplimientos de la ley y 51 a posibles casos de “venta a pérdidas”, no regulado en esta ley pero de lo que AICA da traslado a las comunidades autónomas, competentes en la materia. Además, García Tejerina ha señalado que se han impuesto 347 sanciones (56 en el año 2016).

CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS MERCANTILES

Por otra parte, la Ministra se ha referido al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria, como otro de los instrumentos previstos en la ley de la cadena. Según ha explicado, se trata de un código voluntario, al que ya se han adherido 91 operadores, que contiene unos compromisos más exigentes que los fijados en la ley, como de obligado cumplimiento.

Al mismo tiempo, la Ley ha creado el Observatorio de la Cadena Alimentaria, cuyos informes periódicos nos permiten apreciar una mejora de las relaciones y una concienciación de los operadores para ajustar sus relaciones a lo previsto en la Ley.

Por último, García Tejerina ha reafirmado su compromiso con los operadores de la cadena agroalimentaria, para conseguir en los próximos años todavía mayores avances en la mejora de las relaciones entre los diferentes eslabones. Fuente: Mapama