La consejera de Desarrollo Rural del Gobiero de Navarra, Isabel Elizalde, ha defendido una reforma profunda de la Política Agraria Común (PAC), con el fin de hacer un reparto más justo de las subvenciones actuales que beneficie al agricultor profesional, y por ende, al desarrollo rural. Para ello, ve necesario la eliminación de los derechos históricos, vinculando las ayudas a la producción, a partir de una reflexión en clave de sector. Ese nuevo marco deberá » mantener la población en el medio rural y el tejido productivo de nuestros pueblos, así como equilibrar la cadena de valor y mejorar la posición negociadora de los productores».

Así lo indicó este fin de semana en unas jornadas técnicas de la 15ª Feria de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), en las que también participó el director general de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, Ignacio Gil. En concreto, la consejera intervino en la mesa redonda titulada «Reinventando la PAC: el futuro de los fondos públicos para agricultura y desarrollo rural. La visión de la Administración», debate en el que también participaron los consejeros de Aragón y Castilla La Mancha.

Elizalde propuso una reforma en profundidad de la PAC que en lugar de las actuales referencias históricas, que considera obsoletas, responda a otro tipo de criterio. El modelo de cálculo de pagos directos está basado en el histórico de derechos asignados en el periodo 2000-2002 a nivel individual. La cuantía de la subvención que corresponde a cada explotación viene marcada por su orientación y dimensión en ese periodo.

En opinión de la Consejera Elizalde, «esto supone un freno a la iniciativa empresarial, especialmente grave en el caso de los jóvenes agricultores, máxime cuando es la falta de relevo generacional uno de los principales problemas del sector y que esta PAC no ha sido capaz de resolver. Aquellas explotaciones que se han redimensionado o reorientado, han tenido que salir al mercado a comprar derechos, se ha alimentado la especulación…»

Por ello, consideró necesario el «acoplamiento de las ayudas», esto es, que las ayudas estén vinculadas a determinadas producciones agrícolas y ganaderas percibidas en función de la superficie cultivada o del número de cabezas de ganado realmente gestionados.

La reforma que se plantea desde Navarra, debería realizarse según la titular de Desarrollo Rural «desde una clave de sector. La PAC se ha dotado de un sistema de cálculo de ayudas en base a regiones que complica enormemente la gestión y entendimiento de este modelo. Somos conscientes de las dificultades del cambio, pero entendemos que los trasvases son necesarios».

Prioridad del agricultor profesional

Elizalde indicó también que es importante cómo se asignan los pagos y quién es el beneficiario de ellos, y señaló que «visto el fracaso que ha supuesto la figura del agricultor activo, considero necesario abrir el debate de quién puede recibir pagos PAC». En ese sentido, apostó por dar prioridad a la explotación familiar y profesional en las ayudas europeas, además de proponer que el presupuesto de ayudas acopladas llegue al máximo disponible.

Según explicó en la mesa redonda, «no es coherente que bajo un mismo paraguas reglamentario, bajo el techo de una misma política agraria comunitaria, convivan realidades tan diferentes dependiendo del modelo de aplicación y el presupuesto destinado a cada estado miembro». Este hecho provoca que los distintos niveles de ayudas tengan «un claro efecto de distorsión de la competencia: un ganadero navarro con un pago acoplado de 11 euros no puede competir con los 27 euros que cobra un ganadero francés, lo que provoca que nuestros ganaderos se vean obligados a vender por debajo de costes de producción. Es necesaria una mayor coherencia reglamentaria para el sector, de manera que consigamos un funcionamiento eficaz del mercado interno».

Desarrollo rural

Por otro lado, Elizalde manifestó que Navarra apuesta por mantener la actual estructura en la PAC en dos pilares: pagos directos y desarrollo rural. Así, el Plan de Desarrollo Rural (PDR) «permite diseñar políticas propias adaptadas a nuestro territorio y a la realidad de nuestro sector productivo, además de que nos permite amortiguar algunos de los efectos negativos que la aplicación del primer pilar tiene en determinados sectores y territorios. También se trata de un recurso clave para avanzar en la lucha, mitigación y adaptación al calentamiento global».

Además, la consejera Elizalde sostuvo que el PDR «permite también desarrollar estrategias de desarrollo local participativas, sobre las que es necesario abordar una importante revisión. El medio rural del siglo XXI deber ser ambicioso en sus objetivos y abierto en la concepción y desarrollo de lo que queremos que sean nuestros pueblos».