El pasado día 25 de enero, seis representantes de la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León, constituidos en Comisión Promotora, presentaron ante el Registro de las Cortes una Iniciativa Legislativa Popular, con el propósito de modificar la Ley 1/2016 de 13 de octubre, que en su artículo único establece la obligatoriedad de disponer de al menos una persona, en todas las instalaciones de suministro de venta al público al por menor de combustibles y carburantes, mientras estén abiertas y en servicio.

Esta normativa es gravemente perjudicial para las cooperativas agrarias que suministran combustibles, mayoritariamente, en núcleos rurales de escasa población y muy alejados de las grandes zonas de consumo. Su aplicación, que exige tener personal permanente en horario nocturno y de fin de semana, restringe los derechos de las cooperativas que iniciaron esta actividad con unas reglas de juego que ahora se pretenden cambiar, niega la libre competencia en el mercado e impide dar un servicio en zonas rurales cada vez más despobladas.

Estos motivos, expuestos por Urcacyl a los diferentes grupos parlamentarios que mayoritariamente, aunque tarde, se han dado cuenta de su error al legislar en contra de las cooperativas; son los que han motivado qué representantes de Urcacyl, presentasen esta ILP que fue admitida a trámite por la Mesa de las Cortes el 17 de febrero y se publicó en el Boletín Oficial de las mismas, el día 23 de ese mismo mes.

El pasado 17 de marzo, los promotores de la iniciativa recibieron de la Junta Electoral de Castilla y León una notificación por la que se abría el plazo para la recogida de firmas. Desde ese día se han preparado los Pliegos con el texto a modificar y los espacios de firmas, para ser numerados y sellados por la Junta Electoral, y también se han nombrado y se siguen nombrando fedatarios para que, mediante una declaración jurada, den fe y autentifiquen la veracidad de las firmas que se recojan. Aunque el plazo de recogida de firmas es de nueve meses, se esperan obtener en un máximo de tres.

Para que la Iniciativa Legislativa Popular pueda prosperar se precisan firmas de al menos el 0,75% del censo electoral de cada provincia de la región, aunque desde Urcacyl se pretende superar sustancialmente ese porcentaje. En Avila se precisarían 1.036 firmas, en Burgos 2.244, en León 3.282, en Palencia 1.073, en Salamanca 2.304, en Segovia 902, en Soria 573, en Valladolid 3.238 y en Zamora 1.290.

A partir de la próxima semana los agricultores y ganaderos que lo deseen, así como el resto de ciudadanos mayores de 18 años inscritos en el censo electoral, podrán firmar la iniciativa legislativa popular.

Desde Urcacyl, y más aún después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que declaraba nulo un artículo exacto al que se aprobó por las Cortes de Castilla y León, no descartan, aunque lo ven muy difícil, que los grupos parlamentarios sean capaces de acordar una modificación inmediata de la Ley (rectificar es de sabios), sin tener que esperar a cumplir todos los plazos establecidos por la legislación de las ILPs.