UAGN manifiesta su malestar ante las informaciones vertidas, a consecuencia del recurso de apelación presentado por el Gobierno de Navarra, al considerarlas falsas y ajenas a la realidad del proceso judicial, por tratarse de opiniones malintencionadas que buscan soslayar el nombre de nuestra organización y el de los agricultores y ganaderos que la representamos.

El pasado 9 de junio, la juez instructora emite un auto que archiva provisionalmente la causa abierta al no “resultar justificada la perpetración de delito”. El Gobierno de Navarra atiende su derecho como parte personada para recurrir el auto y presenta un recurso de reforma y subsidiariamente de apelación, con fecha 19 de junio que incurre en afirmaciones totalmente ajenas y por tanto falsas a la realidad que ha marcado el proceso y sus diligencias.

En concreto menciona que “la juez instructora apreció en marzo indicios de que se hubiesen falseado las condiciones de actividades de formación por valor de 2.880.981 €” siendo recogida por varios medios de comunicación el 22 de junio. Sin embargo las diligencias recogen que la Guardia Civil solicita el listado de los programas y proyectos subvencionados en los que ha colaborado UAGN-Fundagro o AMUR con el Departamento de Desarrollo Rural Medio Ambiente y Administración Local. Dicha relación corresponde a 26 programas por un importe de 2.880.981 € que recogen una gran diversidad de actuaciones como la realización de agromercados, agrorutas, promoción agroalimentaria , información y formación, etc.

Por tanto, no es cierto ni mucho menos, que las actividades de formación ejecutadas por nuestra organización a través de sus entidades ascienda a 2.880.981 € como dice el Gobierno de Navarra y tampoco que se hayan detectado irregularidades en los 26 expedientes como afirma en su recurso de reforma y subsidiariamente de apelación, ya que durante las diligencias se ha revisado la documentación obrante y considerado analizar 9 de dichos expedientes, centrándose específicamente en las actividades de formación, una parte específica y reducida del conjunto de acciones que recogía cada uno de los proyectos.

Las irregularidades apreciadas son un porcentaje exiguo de todas las actividades realizadas y ejecutadas y además entre de las actividades de formación investigadas, las irregularidades son muy limitadas respecto al total de actividades formativas realizadas de forma regular.

La cantidad de 2.880.981 € obedece por tanto, a los programas y proyectos que ha realizado nuestra organización en diferentes ámbitos de trabajo del sector agrario, financiados por el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local y que incluye las subvenciones recibidas en el periodo de 2009 a 2015 que contemplan cientos de actuaciones diversas donde las acciones de formación constituyen una cantidad mínima. Es falso por tanto, que los 2.880.981 € se hayan destinado exclusivamente a actividades de formación.

Nos resulta inadmisible que se hayan querido manipular los datos que constan de forma objetiva en el procedimiento recientemente archivado provisionalmente. A la vista de lo expuesto resulta que el propio Gobierno de Navarra desconoce los contenidos de los proyectos subvencionados y que tampoco ha dedicado mayor esfuerzo en ello, ya que su objetivo está muy alejado del esclarecimiento de los hechos.

Cabe recordar así mismo que los cursos de formación “no eran parte de un proyecto inventado ficticio, sin ningún viso de realidad (…). Los proyectos existían y se ejecutaban tal y como ha quedado probado en la documentación analizada” tal y como dice la juez en su auto del 9 de junio, ya que forman parte de proyectos reales y ejecutados, sobre los que el Gobierno de Navarra tenía pleno conocimiento.

Desde UAGN, hemos manifestado públicamente nuestra consternación por las irregularidades detectadas, que en ningún caso han sido atribuidas a la organización UAGN, Fundagro o AMUR ya que aquellas no han sido objeto de investigación en ningún momento del procedimiento, sino la actuación de personas concretas. En este sentido la juez indica en su auto de archivo “que no es posible exigir a los miembros de la Junta una responsabilidad penal en tanto en cuanto los proyectos que se les presentaban estaban auditados y justificados sin apariencia de irregularidad (…) más bien al contrario, quedando claro cómo llevaron a cabo acciones para devolver el importe recibido y evitar a futuro incidencias similares” Actuaciones que han quedado demostradas cuando la Junta fue conocedora de irregularidades en diversos cursos del programa Agromujer 2010 cuyos importes fueron devueltos íntegramente en el procedimiento administrativo con los intereses correspondientes.

Es importante recordar en este sentido que Félix Bariáin, como presidente de la Fundación Fundagro, envía una carta a la Consejera Isabel Elizalde el 16 de abril de 2016, en la que manifiesta su total colaboración con la administración, “comprometiéndose a la devolución íntegra del importe indebidamente abonado, así como sus intereses legales”. Por tanto el comportamiento demostrado ante esta situación marca un radical distanciamiento con la actitud que muestran nuestros representantes públicos.